El Tribunal de Cuentas ha hallado indicios de "responsabilidad contable" en la gestión del anterior Gobierno de Canarias que presidía Paulino Rivero. El fiscal jefe de la institución, Miguel Ángel Torres, centra sus sospechas en varias encomiendas de gestión, los trabajos propios de la Administración que se encargan a empresas externas -65,5 millones de euros en 2013 y 2014- y que fueron objeto de un informe de la Audiencia de Cuentas. Torres elevó su informe al Ministerio Fiscal el 9 de febrero con el fin de que actúe si lo estima preciso.
El fiscal jefe parte precisamente del trabajo elaborado por el órgano dependiente del Parlamento de Canarias encargado de fiscalizar el estado y las prácticas contables del Ejecutivo regional. Las consejerías de Economía, Hacienda y Seguridad; Agricultura, Ganadería y Pesca; Obras Públicas, Transportes y Política Territorial; el Servicio Canario de Salud, el Instituto Canario de la Vivienda y el Servicio Canario de Empleo son los departamentos que aparecen en el informe.
El departamento de Economía, Hacienda y Seguridad ve afeadas sus prácticas por dos encomiendas contratadas con la empresa pública Gestión Recaudatoria de Canarias SA (Grecasa). La creación de esta empresa la impulsó la Dirección General de Tributos para contar con un instrumento que ayudara al cobro de las deudas fiscales de los contribuyentes canarios.
El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas se sorprende de que en 2014 Grecasa pagara pluses de productividad a su personal. No entra a valorar la pertinencia de esos premios económicos, pero no entiende cómo se adoptó esa medida si el acuerdo de gobierno que dio luz verde a la encomienda recogía la prohibición de incluir "cláusula alguna sobre incentivos destinados a retribuir un especial rendimiento de los trabajadores adscritos al servicio por la empresa contratista" (Grecasa).
Idéntica práctica se repite en el encargo realizado por el Instituto Canario de la Vivienda a Visocan (Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, SAU) y que tenía por objeto que esta mercantil pública facturara, recaudara y apoyara la gestión del parque público de viviendas.
Los indicios de irregularidades en el ámbito del Servicio Canario de Salud (SCS) se sitúan en la contratación a GSC (Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias) de "determinados servicios de colaboración y asistencia técnica al órgano recaudatorio". A Torres Morato no le pasa desapercibido un notable engorde (42%) de la factura. Se pactó un precio de 611.911 euros, basándose "en una estimación previamente facilitada" por la propia GSC, y se pasaron al cobro 869.910. Lo peor es que, mientras que durante la negociación se explicó que para la labor encomendada se necesitaba una plantilla de trece integrantes, finalmente fueron solo once los que atendieron la encomienda; más ingresos para GSC y menos gastos.
El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas incide en que no hay una "justificación" para la "desviación del coste estimado" y destaca que la única documentación que se añade a las facturas presentadas son "las memorias elaboradas por la empresa referidas a la actividad ejecutada, sin que tenga correspondencia alguna con los costes incurridos".
Las presuntas irregularidades en el ámbito del Servicio Canario de Empleo (SCE) tienen su epicentro en la contratación de Funcatra (Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo) para crear una "oficina técnica de proyectos informáticos en materia de formación, emprendeduría y mejora de la empleabilidad de la Administración". En el informe que Miguel Ángel Torres ha elevado al Ministerio Fiscal señala que en esta encomienda "se han repercutido costes de gestión para los cuales no se tiene constancia de que correspondieran a costes reales del servicio encomendado".
El foco en el seno de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial se sitúa sobre Gesplan (Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental) y, en concreto, en costes de personal supuestamente inflados en varias encomiendas. Torres Morato hace un extracto literal del informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias para dejar constancia de que, "al menos para el mes de junio de 2014, las imputaciones del precio de 19,35 euros hora para un auxiliar administrativo, superó el coste real de dicho personal en la propia sociedad mercantil, al facturarse (...) 2.352,24 euros, siendo en realidad su sueldo bruto de 1.572,33 euros. Igual sucede para un titulado superior que participa en la realización de cuatro encomiendas, por el que se facturó 4.262,05 euros en octubre de 2014 (a 46,08 euros hora), siendo su sueldo bruto real 3.841,47 euros para el mes analizado. A raíz de esto, no parece que se realice un control sobre este hecho por parte de la consejería".
El último departamento del anterior Ejecutivo en ser señalado es la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca por la falta de control de los gastos -kilometraje, viajes, horas...- en varios de los trabajos que se encomendaron a GMR (Gestión del Medio Rural de Canarias SAU).
