La vicepresidenta del Gobierno canario, Patricia Hernández, reclama a sus compañeros del PSOE el máximo consenso para la Ley del Suelo ante las voces discrepantes surgidas desde la Ejecutiva regional de la formación. La dirigente socialista dio su conformidad al anteproyecto de ley en el Consejo de Gobierno porque "pretende proteger el suelo y dinamizar la economía" y será a partir de ahora cuando será debatido por administraciones públicas, partidos y colectivos sociales.
Dirigentes como José Alcaraz, Julio Cruz y Gustavo Matos han evidenciado en los últimos días su disconformidad con las formas utilizadas por el presidente Fernando Clavijo para elaborar el anteproyecto de ley, sin que pasara por la mesa de seguimiento del pacto o se consensuara entre los socios las principales directrices del texto. También se muestran reticentes a que el Gobierno haga dejación de sus competencias sobre la planificación del territorio en favor de ayuntamientos y cabildos.
El elocuente silencio de la vicepresidenta sobre este asunto se rompió ayer a preguntas de los medios de comunicación. Patricia Hernández mostró la seguridad de que todo su partido está en la misma línea, es decir, que la nueva norma "puede y debe salir con el máximo consenso posible".
Hernández puntualizó que el acuerdo del Consejo de Gobierno de la pasada semana es un primer paso en la agenda del Ejecutivo regional para que los colectivos sociales, las administraciones y los partidos políticos que sustentan el pacto hagan sus aportaciones. En la segunda fase el Gobierno aprobará el texto como proyecto de ley e irá al Parlamento, donde se tramitará por los grupos y se abrirá el proceso de enmiendas al mismo. La número dos del Gobierno regional mostró su conformidad al texto porque pretende "proteger el suelo y dinamizar la economía de Canarias".
Comisión interna
Una vez que el anteproyecto de ley ha salido a información pública, los socialistas han constituido una comisión interna con dirigentes del partido y técnicos para analizar el profuso texto -408 artículos más las disposiciones adicionales, transitorias y derogatorias- y determinar las sugerencias y modificaciones que pretenden introducir para que cuente con el aval del PSOE.
Una de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa por parte de los socialistas es que en el documento del pacto de gobierno firmado por CC y PSOE se establece que todo el planeamiento territorial debe pasar durante su tramitación por la evaluación ambiental estratégica y que esta declaración debe ser emitida por un órgano independiente del planificador. En el documento se especifica que este organismo será la actual Cotmac o cualquier otro que pueda sustituirle.
Sin embargo, los socialistas advierten que este precepto contenido en el acuerdo de gobierno no se cumple en la ley, ya que el texto deja en manos de cabildos y ayuntamientos el informe ambiental del planeamiento, mientras que el órgano colegiado que se crea en lugar de la Cotmac se limitará a emitir el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma sobre los planes generales e insulares que elaboren las corporaciones locales.
De esta forma, la principal discrepancia del PSOE con el fondo de la ley es precisamente que la Cotmac deje de ser el supervisor último de la ordenación del suelo de las Islas y que sean los tribunales los que diriman la legalidad o no del planeamiento si hay discrepancias entre administraciones o con los particulares.
Los socialistas llevarán la Ley del Suelo a la próxima mesa de seguimiento del pacto, al igual que sucedió cuando Fernando Clavijo lanzó el plan de desarrollo con los fondos del ITE sin consenso previo con sus socios de gobierno.
