La Audiencia de Las Palmas ha dado la razón a la Fiscalía en la disputa procesal con la magistrada Victoria Rosell sobre la investigación abierta por supuesto fraude fiscal a Seguridad Integral Canaria. Esa causa penal tiene enfrentados al ministerio público con la juez, que actualmente está en comisión de servicio como diputada del Congreso, tras dejar el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria y presentarse a las elecciones generales del pasado 20 de diciembre.
La Sección Sexta de la Audiencia considera que "yerra" el juzgado de Rosell "al acceder a la solicitud de los investigados", es decir, a permitir que la defensa de Miguel Ángel Ramírez "condicionara" la entrega de documentación contable de su compañía.
El empresario, durante su primera declaración judicial en 2014, se comprometió a presentar voluntariamente información de los ejercicios económicos de 2010, 2011 y 2012, con la finalidad de acreditar que no pagó horas extraordinarias a sus empleados como si fueran dietas y gastos de desplazamientos.
Condición
Rosell concedió un plazo de entrega, pero la defensa solicitó la ampliación y finalmente reclamó que, "con carácter previo al cumplimiento del requerimiento", se pidiese a la Administración Tributaria que aclare si ha iniciado expedientes de comprobación o de inspección y, "más específicamente", que "aporte la totalidad de la documentación en su poder" sobre los hechos investigados.
La magistrada accedió y esa providencia ha sido revocada ahora por la Sección Sexta de la Audiencia, tras considerarla ilegal y aceptar el recurso presentado por la Fiscalía, al cual se adhirieron la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera.
Según el ponente del auto de apelación, Carlos Vielba, un juzgado de instrucción no puede hacer un requerimiento de esa naturaleza a un imputado, pues podría "incidir en el derecho a no declarar contra sí mismo" y causarle indefensión. La jurisprudencia constitucional establece que un acusado "no tiene el deber de aportar elementos de prueba incriminatorios", tal y como cita el magistrado en su resolución, que lleva fecha del pasado miércoles y es compartida por José Luis Goizueta y el presidente de la Audiencia de Las Palmas, Emilio Moya.
El tribunal, incluso si se asumiera la vulneración del derecho de defensa, rechaza que ese sea el debate por dos motivos: la defensa no discutió la proporcionalidad del requerimiento a efectos de autoincriminación, y tampoco recurrió la orden para que se aportara la documentación, sino que se "aquietaron" ante la decisión.
Por tanto, añade Vielba, el juzgado "no puede" posteriormente "condicionar el cumplimiento de la orden recibida" a la aportación de la documentación por parte de Hacienda, aunque para ello invoque el artículo 24 de la Constitución y pretenda "salvaguardar los derechos de los investigados", destaca el auto, que es firme porque contra él no cabe recurso.
Rosell acordó la providencia a favor del empresario el 29 de abril de 2014, pocos meses después de admitir la querella de la Fiscalía de Delitos Económicos y de tomarle declaración por las liquidaciones de su empresa en 2008 y 2009. Entonces se solicitó la ampliación de las pesquisas hasta 2012. De ahí la importancia que esa prueba documental tenía para la investigación, tanto que motivó un duro enfrentamiento entre Rosell y la delegada de Delitos Económicos en Las Palmas, Eva Ríos.
La fiscal se quejó ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el "retraso injustificado" en la instrucción de la causa y la juez, dos meses después, acusó a Ríos de perder la imparcialidad al dar instrucciones a los peritos de la Agencia Tributaria a sus espaldas. Esas denuncias, que afectaban a cuestiones disciplinarias, fueron archivadas, pero quedaba por resolverse el recurso contra la actuación de la juez que originó el conflicto.
Rosell dictó la controvertida providencia el 29 de abril de 2014, pero no resolvió el recurso de reforma de la Fiscalía hasta el 28 de abril de 2015. Por eso el asunto ha tardado tanto en llegar en apelación a la Audiencia. Ese año de espera para poder recurrir, además, disparó la tensión entre la magistrada y la fiscal, que acabaron a gritos en la Ciudad de la Justicia.
Asimismo existe una segunda disputa que está pendiente de sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Canaria. La diputada de Podemos entiende que la Fiscalía ha vulnerado sus derechos fundamentales al ser investigada en campaña electoral por una infracción disciplinaria. Ese expediente, igual que el caso anterior, fue remitido al CGPJ, pero resultó archivado y también está indirectamente relacionado con la investigación a Seguridad Integral Canaria. La pareja de la juez, Carlos Sosa, firmó un acuerdo con la UD Las Palmas para cederle una frecuencia de radio por 300.000 euros. El negocio se hizo pocos días después de que Rosell obtuviera la excedencia y, por tanto, dejase el juzgado que investigaba a una de las empresas del presidente de la UD.
