Canarias y ocho comunidades autónomas más urgen al Estado a asumir la responsabilidad que le corresponde en la crisis de los refugiados sirios. En una declaración conjunta denuncian la situación de inacción de la administración central y exigen la reunión urgente de la Mesa Sectorial de Inmigración, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para debatir un nuevo modelo de política de asilo "que incorpore a las administraciones regionales en su definición y desarrollo".
En el documento, reiteran su disposición a colaborar en la acogida y la integración social de los refugiados que puedan llegar, tanto de Europa como en su reasignación directa desde los campos, aportando los recursos necesarios en el marco de sus competencias. Las nueve comunidades firmantes - Cataluña, Aragón, Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, Navarra, Asturias y la Comunidad Valenciana, además del Archipiélago- recuerdan a los responsables estatales que el derecho al refugio está amparado por la Convención de Ginebra. "Ante la crisis que vive Europa, y que rompe con los principios fundamentales de la UE, ha habido dos formas de comportarse: la de Alemania, abriendo sus fronteras, o la de bloqueo que mantiene España", destaca la viceconsejera de Políticas Sociales y Vivienda, Isabel Mena. Esta recuerda que pese a la gravedad de la situación "con miles de personas llamando a las puertas del continentes huyendo de una guerra" sólo 18 de estas personas han entrado en el país.
La viceconsejera asegura que desde octubre, cuando se pidió a los gobiernos regionales un inventario de los recursos disponibles, el Ministerio no ha vuelto a dirigirse a ellos para avanzar en el procedimiento de acogida. En el caso de Canarias están ya dispuestas un total de 651 plazas en seis de las siete islas. En general, explica Mena, si no están para empezar a usarse de inmediato, como el centro San Antonio del Cabildo de Gran Canaria, se pueden habilitar "en cuestión de días".
El siguiente paso, acordado con el Estado, era determinar las condiciones en las que se llevaría a cabo el reparto de los refugiados y cómo se haría a acogida, si a través de las ONG o bien de forma directa por la administración. "Pero, pese a que es una situación de emergencia humanitaria, seguimos esperando. Es vergonzoso", subraya Mena.
Aunque las competencias para otorgar el estatus de refugiado corresponden al Estado, en lo más álgido de la crisis muchos de los gobiernos regionales se pusieron a su disposición para colaborar. Ahora quieren también poder decidir.
