La Fiscalía Superior de Canarias respeta la sentencia dictada por el TSJC en la que se reconoce que el Ministerio Público vulneró derechos fundamentales de la juez en excedencia y diputada de Podemos Victoria Rosell, si bien no comparte su tesis e indica que no es firme.
El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, en declaraciones a Efe, ha manifestado hoy que el pronunciamiento dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Canarias) es recurrible ante el Tribuna Supremo.
El TSJC estimó parcialmente el recurso que la diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas y juez en excedencia presentó contra las diligencias preprocesales que le fueron abiertas por la Fiscalía.
El alto tribunal canario consideró en su sentencia, hecha pública esta semana, que la Fiscalía vulneró el derecho de defensa y el derecho a acceder a un cargo público en condiciones de igualdad, si bien rechazó que se hubiera vulnerado el derecho al honor de Rosell.
Rosell había denunciado al fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, Guillermo García Panasco, por entender que se extralimitó en sus funciones al abrir una investigación sobre la instrucción que ella había realizado en un caso de fraude fiscal donde figuraba como acusado el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.
La Fiscalía de Las Palmas pretendía conocer si Rosell incurrió en algún tipo de responsabilidad disciplinaria en ese procedimiento, tras tener conocimiento de que su pareja, el periodista Carlos Sosa, había firmado un acuerdo en octubre con la UD Las Palmas para traspasarle la gestión de una licencia de radio por 300.000 euros.
La Fiscalía Provincial trasladó sus indagaciones al respecto al Consejo General del Poder Judicial para que decidiera si procedía o no sancionar a Rosell, pero el órgano de gobierno de los jueces determinó que la ahora diputada no había cometido ninguna infracción alguna de sus obligaciones como instructora.
La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha solicitado la dimisión del fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García Panasco, o la adopción de las medidas necesarias para disponer su cese.
Jueces para la Democracia también ha exigido "la necesaria reflexión y asunción de responsabilidades por parte de las personas que directamente intervinieron en estos hechos, con el fin de que su actuación no ensombrezca la esencial función que la Fiscalía está llamada a cumplir en un estado de derecho".
