El Parlamento de Canarias dio ayer su visto bueno a una proposición no de ley presentada por la totalidad de los grupos parlamentarios en la que se insta al Gobierno de Canarias a que paralice la aplicación del Decreto de Sanidad Mortuoria, concretamente en lo que se refiere a sus posibles efectos sancionadores.
El documento pide que se dejen sin aplicación las medidas que se puedan haber tomado al amparo de dicho decreto, y solicita la introducción de un periodo de dos años y medio de adaptación.
El decreto de 29 de diciembre, de Sanidad Mortuoria, impuso a los municipios nuevas normas relativas a la estructura de construcción de tanatorios, cementerios y velatorios, así como al traslado de cadáveres. Estas normas exigen unas costosas inversiones a los ayuntamientos que, en la mayoría de los casos, no cuentan con los fondos suficientes para hacer frente en el plazo establecido de seis meses.
