Dos exdiputadas canarias del PP reciben una indemnización durante cuatro meses del Congreso por estar sin trabajo, acogiéndose al régimen aprobado por la Cámara Baja para los parlamentarios que se quedan sin escaño y no consiguen un empleo en los meses siguientes a su salida de la actividad política. Se trata de Celia Alberto, de Fuerteventura, exdiputada por Las Palmas y de Águeda Fumero, de Tenerife, exparlamentaria por la provincia occidental. Ambas recibirán 2.813,87 euros de asignación mensual, cantidad equivalente al sueldo base de un diputado.

Hasta 64 exdiputados han solicitado a la Cámara esta indemnización, prevista y regulada en el reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas del Congreso. En el texto se establece un pago de 30 días por año trabajado, es decir, que por los cuatro años de legislatura se cobran cuatro meses. El límite máximo que se fija es de 24 mensualidades.

En la relación de exparlamentarios que se han acogido a estas prestaciones (64 en total) figuran exministros como los socialistas Jesús Caldera y Trinidad Jiménez y la popular Ana Mato. También aparecen conocidos políticos que ya han dejado el Congreso como Vicente Martínez Pujalte (PP) o José Luis Centella (IU).

Celia Alberto es abogada y en 2011 concurrió en las listas del PP por Las Palmas en el cuarto lugar, logrando escaño. Después de cuatro años dedicada en exclusiva a la actividad parlamentaria se quedó fuera del Congreso en la cita electoral del 20-D por la caída del PP y se ha quedado temporalmente sin trabajo, ya que se desligó del despacho jurídico en el que trabajaba cuando obtuvo el acta de diputada.

La exparlamentaria del PP vive ahora un momento "extraño" al quedarse fuera de la actividad política después de cuatro años intensos dedicados al Congreso, pero sin lograr aún una ocupación en el sector privado. No obstante, Alberto es consciente de que si consigue reincorporarse a la abogacía será muy difícil que regrese a la política activa. "Soy realista, no estoy en condiciones ahora de estar dando saltos, tengo 39 años y de momento no sé a lo que me voy a dedicar definitivamente", agrega la exdirigente majorera.

A Celia Alberto le llama la atención la política local y regional pero hasta el año 2019 no hay elecciones, por lo que son muchos años para estar en la incertidumbre laboral en la que se encuentra. La exdiputada se acogió a esta medida del Congreso hasta tanto encuentra un trabajo más o menos estable y recuerda que los diputados y senadores no tienen derecho a paro ya que su relación con la Cámara no es laboral. Sin embargo, los concejales liberados sí tienen derecho a la prestación por desempleo cuando dejan el cargo.

Por su parte, Águeda Fumero fue diputada en la pasada legislatura y en las elecciones de mayo encabezó la lista del PP al Ayuntamiento de Arona. No logró alcanzar la Alcaldía por lo que como concejal en la oposición no percibe "ni salario ni dietas por asistencia a los plenos", sostiene.

Fumero es técnico superior en Administración y Finanzas y posee un máster en Administración y Dirección de Empresas. Antes de dedicarse a la política "dirigía una agencia de seguros" que tuvo que traspasar "por incompatibilidades con el cargo de diputada".

Como su compañera partido y en el listado de indemnizaciones solicitadas a la Mesa del Congreso deja claro que este es un derecho que tienen quienes hayan logrado un escaño en las Cortes. Y aclara que en su caso nopercibió otros ingresos tras su salida de la Cámara Baja.