Los tanatorios y velatorios municipales tendrán dos años y medio más para adaptar sus instalaciones a la nueva normativa sanitaria y así evitar el cierre al que se veían abocados. La Consejería de Sanidad se ha visto obligada a ceder a la presión de los alcaldes, que habían alertado de que les era imposible reformar los inmuebles funerarios a corto plazo por la elevada inversión que supone para las arcas municipales. La medida afecta a más de la mitad de las instalaciones funerarias de Canarias.
El departamento autonómico había otorgado en un primer momento seis meses para que los municipios actualizaran sus velatorios. El decreto 132/2014 de sanidad mortuoria entró en vigor en julio de 2015, con lo que en enero acababa el plazo dado en el texto. Sin embargo, ante las numerosas y cuantiosas reformas que debían acometer los ayuntamientos para poner al día sus tanatorios, la Federación Canaria de Municipios (Fecam) solicitó al consejero de Sanidad, Jesús Morera, una flexibilización de los plazos y que se suspendieran las sanciones en el caso de que se incumpliera la nueva normativa en el plazo previsto.
El órgano representante de los ayuntamientos también se dirigió a todos los grupos políticos del Parlamento en noviembre para que la Cámara instara al Gobierno a modificar el decreto y diera dos años más a los municipios para completar el proceso. Este respaldo por parte de los grupos parlamentarios se logró en el pleno del pasado miércoles, en el que se aprobó por unanimidad una proposición no de ley en la que se insta al Ejecutivo a paralizar la aplicación del decreto en sus efectos sancionadores y la introducción de un periodo de adaptación en el texto, fijándolo en un plazo de dos años y medio.
Costes elevados
El presidente de la comisión de Empleo, Sanidad y Bienestar Social de la Fecam, José Manuel Molina, se congratuló de que Sanidad haya aceptado finalmente la petición de los ayuntamientos y que el Parlamento se haya hecho eco de la misma. En opinión de Molina, se trataba de un periodo muy corto ante la magnitud de las obras de reforma y adecuación que debían acometer los municipios, con unos costes muy elevados para adaptar los espacios disponibles, la refrigeración, los cristales de separación, las salas de preparación de cadáveres, etcétera.
El también alcalde de Tegueste advierte que "no era lógico" que la Comunidad Autónoma impusiese un plazo tan corto cuando otras comunidades autónomas han sido más flexibles. Es el caso de regiones como Castilla-La Mancha, que otorgó dos años a sus ayuntamientos, y País Vasco o Asturias que dieron un año de moratoria.
El regidor tinerfeño señaló que los municipios no están en contra del contenido del decreto ya que son conscientes de la necesidad de adecuar los velatorios y cementerios municipales a la normativa, tanto europea como estatal. "Estamos de acuerdo pero con más tiempo porque las inversiones son muy cuantiosas y no hay fondos suficientes si no queremos detraerlos de otras necesidades importantes de los municipios", agregó.
El Parlamento autonómico aprobó en la proposición no de ley las demandas íntegras de los alcaldes y ahora será Sanidad la que tendrá que modificar el decreto para otorgar la nueva moratoria a las corporaciones locales.
Desde la Dirección General de Salud Pública se entiende que la Cámara autonómica haya aprobado una propuesta en referencia a la sanidad mortuoria y admite que el periodo de transición incluido en el decreto no es suficiente, especialmente para los municipios pequeños.
El departamento sanitario está dispuesto a analizar los aspectos de la normativa que más dificultad ofrecen para ser aplicados y establecer una "estrategia de solución" en un proceso de diálogo que se abrirá a partir de ahora con los ayuntamientos para aclarar el texto.
Entre los requisitos que se incluyen en el decreto figuran la obligatoriedad de que cada velatorio disponga de una sala de preparación de los difuntos, la eliminación de barreras arquitectónicas o la construcción de dos accesos totalmente independientes, uno para el traslado de los cadáveres y otro para los familiares y allegados.
Los tanatorios de las principales ciudades canarias y las instalaciones más recientes sí están adaptados a la normativa sanitaria de salubridad y condiciones adecuadas. Sin embargo, muchos ayuntamientos medianos y pequeños tendrán que acometer reformas porque incumplen la mayoría de los requisitos exigidos. Precisamente para este tipo de municipios supone un serio problema adecuar los establecimientos funerarios al nuevo decreto, con lo que tendrán que solicitar ayuda económica a la Comunidad Autónoma o a los planes de cooperación con los cabildos.
Además de reformar y actualizar tanatorios, velatorios y cementerios, el decreto también regula de forma pormenorizada el tratamiento de los cadáveres, su traslado, la inhumación, los féretros y otras aspectos de la actividad funeraria. También se detallan los requisitos y obligaciones de los prestadores de servicios funerarios y mortuorios con el fin de que se adapten a la normativa tanto estatal como comunitaria.
