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Los 325 liberados sindicales cuestan al Gobierno 11,3 millones de euros al año

Cada representante de los trabajadores supone unos 35.000 euros anuales a las arcas públicas

Un total de 325 trabajadores del Gobierno de Canarias actúan como liberados sindicales en la tarea de defender los derechos de sus 59.375 compañeros. Sus sueldos suponen a las arcas públicas más de 11,3 millones de euros al año. El portal web de Transparencia del Ejecutivo regional desvela, por primera vez, datos sobre la representación sindical en la administración autonómica.

La página, abierta desde julio de 2014 en internet, ha sido renovada este mes para ampliar y actualizar su contenido, relacionado con diversas materias que atañen al Ejecutivo. Con un golpe de clic se puede encontrar información de primera mano sobre qué decisiones se adoptan en el Gobierno canario y sus organismos autónomos y empresas públicas y en qué se gasta el dinero.

Todos los departamentos autonómicos deben mantener la información al día, ordenada y a tiempo real, para cumplir, así, las exigencias de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, aprobada por unanimidad por el Parlamento de Canarias en diciembre de 2014.

La web facilita cifras de los liberados sindicales a fecha de 31 de diciembre de 2015, pero no ofrece comparativas con épocas anteriores. La crisis económica ha llevado, en general, a las administraciones a aplicar recortes y reducir en Función Pública, con una disminución de liberados.

En el portal se cuelga un registro pormenorizado de los 325 empleados de la Comunidad Autónoma que dedican su tiempo en exclusiva a la defensa de los derechos de los trabajadores y atender los problemas que les surgen, un listado inédito hasta ahora. La información aparece por departamentos y se puede comprobar que el grueso de los liberados se encuentra en el área de Educación (135) y en el Servicio Canario de la Salud (86). Le siguen muy por detrás los representantes del ámbito sectorial de la Administración de Justicia (19) y de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda (16).

El Gobierno no detalla, sin embargo, cuántos delegados sindicales hay, es decir, aquellos que compaginan sus tareas laborales con la actividad de representación. En todo caso, este número es muy superior al de los liberados.

Los portavoces que se destinan por completo a la actividad sindical pertenecen al ámbito de la Administración General, Justicia, docencia no universitaria y personal estatutario de la Comunidad Autónoma. El régimen retributivo en cada uno de los cuatro sectores es distinto y, además, depende del trabajador liberado, que puede ser desde los grupos y categorías profesionales inferiores a los superiores, por lo que el perfil es variable. No obstante, en función de los datos que maneja la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, los liberados sindicales cuestan más de 11,3 millones de euros al erario público.

El coste medio por liberado oscila entre los 35.000 y 40.000 euros al año, importe que incluye retribuciones brutas más la Seguridad Social. Para fijar esta cifra aproximada hay que tener en cuenta que hay liberados de grupos superiores, cuyo coste conlleva unos 60.000 euros y otros que están en los escalafones inferiores y que perciben alrededor de 25.000 euros. El mayor volumen de liberados sindicales se halla en los grupos inferiores y medios, indicaron las mismas fuentes.

El coste de los liberados dentro del capítulo uno, de Personal, de los presupuestos autonómicos es relativamente pequeño. El capítulo sobre el gasto de la plantilla global de empleados públicos asciende a unos 2.672 millones de euros en las cuentas regionales para este año.

El liberado sindical está totalmente dispensado de asistir a su puesto de trabajo por el número de horas sindicales que tiene asignado y un interino debe cubrir su puesto. En cambio, lo cierto es que hay plazas sin sustituir. En el ámbito docente, de Justicia y estatutario sí se suelen atender, pero en la esfera de la Administración General, si los puestos no forman parte de los sectores prioritarios, permanecen sin cubrir.

Asimismo, en 2015 los 325 liberados hicieron uso de un total de 448.584 horas en 2015. Estas vienen establecidas por la legislación básica estatal. Lo que sí decidió el Gobierno canario fue extrapolar a todos los ámbitos, desde Educación, el modelo que concentra todas las horas en las menos personas posibles, en vez de repartirlas de forma parcial. "Así se afecta a menos trabajadores y la administración puede planificar mejor el trabajo", aducen desde la Consejería de Presidencia y Justicia.

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