El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, exigió ayer una "mayor sensibilidad" por parte de las administraciones públicas en la gestión de las ayudas a los dependientes y rechazó que "todos están peleándose por el reparto de los fondos del ITE, las inversiones en infraestructuras y carreteras, cuando la prioridad de los gobernantes debería ser los servicios sociales y la atención a las personas". Saavedra hizo estas declaraciones a los medios de comunicación tras entregar a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, el informe anual de la institución correspondiente a 2015, sobre el que dijo que expondrá en la Cámara antes del próximo 30 de mayo.

Saavedra comentó que las quejas ciudadanas aumentaron en 2015 un 10,6% en relación a las denuncias recibidas el año anterior, ascendiendo a un total de 1.819. Por áreas, es precisamente la de Servicios Sociales la que más quejas registró (más de 400), y a ésta le siguen Justicia, Economía y Hacienda. En cuanto a esta última área, las gestiones del Diputado del Común lograron el año pasado la devolución de 190.385 euros por impuestos o tasas cobradas indebidamente.

El Diputado del Común puso como ejemplo el caso de una persona declarada gran dependiente en 2010 y a la que hasta la fecha, con 91 años, la administración autonómica no le ha definido su Programa Individual de Atención (PIA) -determinará los servicios y prestaciones que le corresponden-, por lo que no recibe ninguna ayuda. Ante esta situación, Saavedra aseguró sentir "congoja" por las graves deficiencias que existen en el funcionamiento de la atención a las personas.

A pesar de la situación de esa persona, cuya queja no aparece en el informe pues la recibió a principios de este año, Saavedra reconoció algunas mejoras en el área social del Gobierno de Canarias a partir de las elecciones del pasado mes de mayo, y en concreto citó la "puesta al día" en el abono de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que con el Gobierno regional anterior era "un agujero negro".

En este sentido, señaló que de forma habitual, el Ejecutivo regional agotaba el presupuesto para la PCI entre los meses de marzo o abril, con lo que los beneficiarios se quedaban sin percibir sus ayudas. Sin embargo, dijo, desde noviembre pasado, con la aprobación de un crédito extraordinario y la correcta definición presupuestaria de esa partida, "esas deficiencias se han corregido".

En cuanto a la dependencia, Saavedra señaló que "no se ha notado tanto la actuación del nuevo Gobierno, si bien se ha corregido el engaño o error del anterior en 2014, cuando por interés en mejorar las estadísticas, tanto del Ministerio como de la Consejería regional, se incorporó a 9.000 personas como si estuvieran atendidas por el sistema de dependencia cuando no era real". Pese a una ligera mejora en este ámbito, el Diputado del Común afirmó que en general "sigue habiendo un retraso extraordinario en la tramitación de los expedientes", cuestión que adujo a una "falta de personal y de organización". Sobre ello se congratuló de que el Gobierno hubiera anunciado la incorporación de 26 trabajadores más para esa área. No obstante, Saavedra mostró su cautela al señalar que "sin una mayor dotación presupuestaria será difícil incrementar el número de beneficiarios".

Otro de los ámbitos que preocupan al comisionado es el de la Vivienda y en este sentido anunció la organización de unas jornadas que se celebrarán el próximo mes de mayo para tratar cuestiones como los desahucios, el parque de viviendas públicas vacías y el programa de hipoteca joven, del que dijo que ha habido avances, después de tres años de retrasos.