El grupo parlamentario Podemos critica la retroactividad de la actual Ley de Costas y defiende que se protejan todos los asentamientos urbanos consolidados existentes antes de la aplicación de dicha ley, en 1988.

Los diputados de la formación morada sostienen que es imprescindible "realizar un análisis de la situación en la que se encuentran las zonas afectadas por el dominio público de Costas en Canarias, valorar si se trata de primeras residencias o no y no derribar una casa más hasta que se conozca toda la realidad", apuntaron Asun Delgado y Noemí Santana tras la reunión mantenida con el presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas , José Luis Langa González.

Podemos coinciden con los afectados por la Ley de Costas en que es "injusto que personas que hicieron sus viviendas con el beneplácito de las administraciones antes de que existiera la actual norma tengan que dejar sus hogares". De la misma forma, manifiesta sus reservas sobre las actuaciones de derribo de viviendas y hoteles que se han llevado a cabo en las costas insulares después de 1988 y que tachan de "indiscriminadas".

Por su parte, Langa González aseguró que el "único interés" de la Plataforma que preside "es que personas que han vivido generación tras generación en determinados núcleos de las Islas ahora no se vean amenazadas por la aplicación retroactiva de la ley, para lo cual es imprescindible contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas y de todas las instituciones afectadas".

A pesar de que la modificación de la Ley en 2014 permitió legalizar varios asentamientos de las Islas, después de que sus respectivos ayuntamientos acreditaran que ya eran asentamientos urbanos antes de la aprobación de la norma, aún quedan muchos más sobre los que se cierne la sombra de la piqueta.

En Canarias no han faltado intentos para evitar los derribos. En 2009 una norma del Gobierno, entonces en manos de CC y PP, buscó blindar los núcleos del litoral atribuyendo a la Comunidad la competencia para fijar el límite interior de la zona de servidumbre marítimo-terrestre. El Estado la recurrió y la ley canaria quedó en suspenso hasta que en 2015 el Tribunal Constitucional la anuló.