El Consejo de Gobierno de Canarias acordó este lunes remitir al Parlamento una comunicación sobre el sistema de financiación autonómica en la que se exige al Estado una modificación urgente del actual modelo, que supone, según el ejecutivo regional, una pérdida para las islas de más de 700 millones en algunos años.
La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha explicado este lunes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que desde 2009, primer año de aplicación del actual sistema, hasta 2013, último año liquidado, Canarias ha perdido en comparación con la media por habitante de las comunidades autónomas un total de 3.414 millones de euros.
Este déficit de financiación ha obligado al Ejecutivo regional, según Rosa Dávila, a dedicar recursos propios para costear unos servicios públicos que tendría que cubrir el sistema de financiación, restándolos de otras partidas también necesarias, como las destinadas a impulsar la inversión productiva o las políticas de dinamización económica.
Para la consejera, el actual modelo ha incrementado la desigualdad entre las comunidades autónomas, así, la distancia entre la región mejor financiada por número de habitantes, que es Cantabria, y la peor financiada, Canarias, es cada vez mayor.
En 2009, Cantabria contaba con 680 euros por habitante más que Canarias, mientras que en 2013 la diferencia asciende a 928 euros, ha detallado.
Asimismo, ha indicado que para entender adecuadamente el perjuicio que esta brecha supone es necesario dar a conocer que el sistema de financiación es la principal fuente de ingresos de las autonomías.
En el caso de Canarias, los recursos del sistema representan más del 65% del presupuesto inicial de ingresos para 2016.
"Es innegable que estamos ante un reparto muy desigual, injusto y arbitrario de los recursos entre las autonomías que es necesario corregir cuanto antes", ha manifestado Dávila, quien ha defendido que el nuevo sistema de financiación debe garantizar los recursos suficientes para atender de forma adecuada la prestación de los servicios públicos esenciales en Canarias.
También ha incidido en que el Régimen Económico y Fiscal (REF) debe quedar al margen a la hora de calcular la financiación de los servicios públicos en el nuevo modelo que diseñe el Estado, como se había procedido hasta la aprobación del actual modelo.
La inclusión del REF dentro del actual sistema de financiación hace que las islas dejen de percibir 500 millones de euros al año, ha denunciado la consejera, para quien no se puede confundir la compensación de la lejanía e insularidad con la financiación por parte del Estado de los servicios públicos esenciales.
"Las singularidades canarias no pueden ser un lastre a la hora de repartir los recursos ni un elemento que perjudique a las islas dentro del sistema", ha dicho la consejera, al tiempo que ha recordado que la exclusión del REF del sistema de financiación está dentro de la agenda canaria suscrita por CC y PSOE.
La pretensión del Gobierno de Canarias, ha continuado, es situar a Canarias, como mínimo, en la media de financiación por habitante del conjunto de comunidades.
Además, el nuevo sistema deberá contar con un fondo para compensar a aquellas comunidades en las que se observe una peor situación en cuanto a desarrollo económico y condiciones sociales.
Ha propuesto que el nuevo sistema de financiación, además de tener en cuenta criterios poblacionales, pueda incluir otros que tengan que ver con los niveles de desempleo, pobreza y dependencia.
Según se establece en la comunicación parlamentaria, el nuevo sistema deberá respetar los principios de solidaridad, equidad y autonomía financiera de las comunidades autónomas consagrados en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Canarias, así como un refuerzo de las prestaciones del estado del bienestar con la incorporación de recursos adicionales por parte del Estado.
Con esta comunicación, el objetivo del Gobierno es lograr el apoyo unánime de los grupos de la Cámara y de los agentes sociales para mejorar el actual modelo.
Posteriormente, la intención del Ejecutivo es llevar "una sola voz" canaria que exija la renovación de la financiación autonómica al Gobierno central, una vez se haya formado.
Si la financiación canaria estuviera en la media estatal, el PIB crecería un 1,5% en cada ejercicio y se crearían 14.000 empleos anuales en las islas, y además, según los cálculos de la consejera, la sanidad contaría con 17,5 millones cada año, lo que permitiría incrementar en 12.500 el número de intervenciones quirúrgicas.
