El Gobierno canario aprueba hoy el envío de una comunicación al Parlamento regional que recoge la necesidad urgente de cambiar el actual sistema de financiación autonómica. El documento señala, entre otras cuestiones, que la pérdida de 700 millones de euros anuales que padecen las Islas impide sumar un 1,5% más al crecimiento del producto interior bruto canario (PIB). Ese lastre traducido a la creación de empleo significa perder en cada ejercicio la capacidad de crear 14.000 nuevas oportunidades laborales.
No se atisba un relevo en el Gobierno de España y todo parece indicar que habrá nuevas elecciones el día 26 de junio. Según las encuestas, tampoco esta segunda vuelta servirá para aclarar el panorama. Sin embargo, aunque el país complete un año con un gabinete en funciones, incapacitado para tomar decisiones de calado grueso, el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo ha decidido tomar posiciones de cara al momento en que se inicien las negociaciones para la reforma del actual sistema de reparto.
Otras comunidades, como la valenciana, también entre las peor financiadas, llevan ya algún tiempo recorriendo ese camino. El Gobierno de las Islas va a generar un debate transversal que implique a todas las administraciones, las universidades, las organizaciones de representación de trabajadores y empresarios, y, en definitiva, el conjunto de la sociedad para desembocar en una posición consensuada y firme con la que presentarse a negociar. No hay fecha para iniciar ese proceso -se estima que no será antes del segundo semestre de 2017- pero sí se sabe que será duro.
El sistema de financiación es la herramienta mediante la que el Gobierno central dota de fondos a las comunidades autónomas para que estas puedan financiar los servicios esenciales: educación, sanidad y políticas sociales. La importancia de lo que está en juego resulta evidente.
La Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias ha realizado un estudio de detalle de las carencias a las que se enfrenta el Archipiélago por el modelo que está vigente desde el año 2009. Los datos revelan el impacto que tiene para la sociedad el hecho de vivir en la comunidad peor financiada.
Intervenciones quirúrgicas
Con tan solo alcanzar la media estatal, la sanidad canaria contaría con 17,5 millones de euros más cada año. Ese aumento presupuestario serviría, entre otras cuestiones, para incrementar las intervenciones quirúrgicas en 12.495 y, por tanto, aliviar las listas de espera.
Para Políticas Sociales, el incremento de fondos sería de diez millones de euros, que permitirían atender a 915 dependientes más, extender la Prestación Canaria de Inserción (PCI) a otras 1.500 familias o superar en 6.500 el número de personas en paro que en la actualidad están bajo el paraguas de las políticas activas de empleo.
Entre las líneas de actuación que se ha marcado el Gobierno regional está una insistente labor pedagógica con quienes van a tener voz en el proceso de revisión del sistema. El presidente canario, Fernando Clavijo, se entrevista hoy con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la capital grancanaria y este será uno de los asuntos sobre la mesa. Pero no se trata solo de instalar la necesidad de financiar con justicia al Archipiélago en la agenda de un aspirante a ser el nuevo presidente de España, sino de extender la búsqueda de aliados a cuadros altos del funcionariado.
El Ejecutivo canario tiene motivos para la inquietud. Entre ellos, el temor a que adelgace una de las patas básicas del actual sistema de financiación: el fondo de garantía. Las comunidades autónomas se quedan el 25% de su capacidad recaudatoria y el otro 75% lo vierten en dicho fondo, una especie de bolsa común que después se reparte entre todas las regiones con criterios de población ajustada. Es decir, se atiende a qué cantidad de ciudadanos se enmarcan en los distintos tramos de edad para saber la proporción entre generadores y consumidores de recursos públicos. Por ejemplo, reciben más aquellas en las que el número de pensionistas en relación con el de trabajadores es más elevado.
Son varios los territorios que defienden la necesidad de quedarse en sus manos más del 25% de su recaudación fiscal. Eso supondría una merma de la caja común. Canarias, cuya capacidad recaudatoria está entre las más bajas, se vería perjudicada por esa decisión. Cataluña, proceso de independencia al margen, es una de las que con mayor intensidad defienden el aumento de su soberanía fiscal; su peso político en la negociación no deja lugar a dudas.
A circunstancias como esa se une el hecho de que la corriente académica que Madrid ve con mejores ojos a la hora de poner el punto de partida para el nuevo modelo de reparto, sostiene que el Archipiélago está sobrefinanciado. Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), fue el autor del informe encargado por el Ministerio de Hacienda sobre las balanzas fiscales publicado en el verano de 2014. En una entrevista publicada en agosto de dicho año en LA PROVINCIA afirmó: "Las ayudas fiscales que hay en las Islas son excesivas, la UE [Unión Europea] debería revisarlas".
La afirmación bebe de una teoría que considera que los incentivos y ayudas contenidos en el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias y los recursos que este genera deben considerarse ya parte de los fondos que Madrid envía al Archipiélago.
En esa labor de explicación de la realidad canaria entre los actores que tendrán presencia en la negociación, el Ejecutivo canario tiene por objetivo dejar claro que el REF es una herramienta que sirve para poner a las Islas en el mismo punto de partida que el resto del Estado español. En otras palabras, es la manera de paliar la lejanía del continente, circunstancia que encarece la producción isleña y el mero traslado de los ciudadanos a otros puntos del país.
Considerarlo parte de la financiación significa que el Estado da por bueno que una parte de la ciudadanía española, la canaria, tiene que asumir el sobrecoste por el hecho de vivir en un Archipiélago que está alejado. De hecho ya lo hace, porque el actual sistema de financiación tiene incorporado el REF, lo que, según cálculos de la Consejería de Hacienda, supone a las Islas dejar de percibir entre 400 y 500 millones de euros anuales.
Lograr dar ahora marcha atrás a esa inclusión del REF se considera un objetivo complicado, pero irrenunciable si la pretensión verdadera del nuevo sistema que se articule es la de igualar la prestación de servicios en todo el país. Claro que también esa fue la declaración de intenciones cuando en 2009 se firmó el que ahora está en vigor y la práctica demuestra que ha provocado justo lo contrario.
La comunidad mejor financiada en el primer año del modelo actual (2009) fue Cantabria, que se situó 18 puntos por encima de la media, mientras que Canarias ya era la peor, a una distancia de 15,7 puntos del punto de equilibrio. En el conjunto de los cinco años liquidados desde entonces -2013 es el último- mantienen a los cántabros en cabeza, pero ahora 24,3 puntos más allá de la equidad, mientras que los isleños, de nuevo últimos, solo han mejorado 1,3 puntos, a casi quince de la media estatal.
