La Asociación de Fiscales (AF) ha emitido un comunicado en el que defiende la actuación de la Fiscalía de Las Palmas en las diligencias abiertas a la exmagistrada y diputada de Podemos Victoria Rosell, las cuales fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y archivadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no apreció faltas disciplinarias en la causa instruida por Rosell contra Seguridad Integral Canaria.
La AF, que es mayoritaria en la carrera y de corte conservador, muestra su "apoyo" al fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García -Panasco, y a la fiscal delegada de Delitos Económicos, Eva Ríos, cuyas acciones han estado presididas por un "escrupuloso respeto" al principio de legalidad y a las facultades que al Ministerio Fiscal le confieren tanto el artículo 5 de su estatuto orgánico como la circular 4/2013 de la Fiscalía General del Estado, recoge la nota, que ha sido colgada en su web para darle difusión nacional y responder a las críticas vertidas por Jueces para la Democracia, asociación progresista de la que Rosell fue portavoz y adjunta a su dirección.
Conexiones políticas
El colectivo considera "evidente" que no sólo el ministerio público conocía la existencia de esas diligencias, sino también la persona que presentó la denuncia, los que declararon en el marco de la investigación y aquellos a los que se les pidió informe. "Afirmar que la Fiscalía ha llevado a cabo una filtración es una afirmación injuriosa e intolerable a una institución presidida por principios constitucionales", añaden.
La AF califica de "inaceptables" las conexiones con el poder político que Jueces para la Democracia desliza en sus críticas, sobre todo "viniendo de donde vienen y teniendo como tienen pleno conocimiento de la sujeción de la actuación del Ministerio Fiscal a una estricta legalidad", agregan.
"En modo alguno se ha atentado contra el respeto a la independencia judicial", opina la AF, que tacha de "impecable" la actuación de los fiscales. Las diligencias fueron anuladas por el TSJC, pero la Fiscalía de Canarias y la Abogacía del Estado van a recurrir al Supremo porque rechazan que se vulnerasen derechos fundamentales.
