El debate anual, que se repetirá la próxima semana, de ese ritual que llaman el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, suele ser en general rutinario y aburrido. Se echan las culpas unos a otros, los portavoces polemizan de cara a la galería, los de la oposición critican y los del Gobierno contestan y se justifican. Los juegos de ingenio suelen sustituir al análisis con rigor y a las propuestas constructivas. Al final, se aprueban algunas resoluciones, que valen como declaración de intenciones pero pocas de ellas se cumplen.
Esto ocurre en este Parlamento y en muchos otros. Hay que reconocer que muchas veces la situación política no da para más. Pero también conviene decir que esta vez la situación política obliga a mucho más. España atraviesa un escenario político especialmente complicado. Los partidos intentan construir mayorías de gobierno que no parecen posibles. Y lo probable es que tengan que celebrarse nuevas elecciones a final de junio. Lo que nos coloca prácticamente en campaña electoral, que oficialmente se iniciaría el próximo 3 de mayo. Es, por tanto, el peor momento para el diálogo, para reflexiones importantes, para buscar consensos y alcanzar acuerdos. Los procesos electorales no son el mejor momento para ello, quedan reducidos a la exageración, a la caricatura y a la propaganda.
Como por aquí somos muy dados a imitar y ser eco de lo que viene de Madrid, no sería de extrañar que el debate de la nacionalidad canaria quedara reducido al primer asalto de la campaña electoral. Pero también podría ocurrir que los partidos canarios y sus portavoces miraran menos para allí y pensaran más en los problemas de aquí. En los grandes retos a que se tiene que enfrentar Canarias en la próxima década, que en términos políticos empezará después del verano. Y de paso superar la década casi perdida que estamos finalizando. Lograríamos entonces que el debate de la nacionalidad canaria fuera lo que su nombre indica: hablar de esta sociedad y de este pueblo y de las soluciones que sus graves retos exigen.
Tres temas, tres
Hay que esperar a que se constituya el nuevo Gobierno de España para que se inicie la discusión y negociación de los tres temas claves de Canarias, que componen lo que llaman la Agenda Canaria. Y son el nuevo Régimen Económico y Fiscal, la reforma de la financiación autonómica y el plan de infraestructuras y de empleo. Seguramente ya tendremos Gobierno este verano, porque supongo que nadie imagina que la tortura que hemos vivido en estos tres últimos meses pueda volver a repetirse después de las nuevas elecciones.
Una vez formado el nuevo Gobierno de España sus tres prioridades serán: el ajuste presupuestario que le exige la Unión Europea para cumplir el déficit en el 2016, lo que supondrá dificultades para incorporar partidas de inversión para Canarias. El otro gran tema es la reforma de la financiación autonómica, que será sin duda un buen lío y cuya solución final no será la justa, sino que habrá ganadores y perdedores en función de la fuerza política de cada uno. Y en este momento la de Canarias es poca. Y tercero, el tema catalán pasará por sus urgencias al centro del debate político. Se harán esfuerzos por frenar "la desconexión", la ruptura de Cataluña con España. Y se propondrá como solución avanzar hacia la España federal, lo que implica hablar de fiscalidad federal. Es decir, lo que conviene a los catalanes y nada a los canarios.
La única solución para no quedar descolocados es situar la singularidad canaria también en el centro del debate. Para ello nada vale plantear la actualización del REF canario como una negociación bilateral del Gobierno de España con el Gobierno de Canarias. Planteado así, el tema quedaría fuera de la agenda política, como una cuestión no urgente, y la negociación se aplazaría indefinidamente como ya ocurrió en 1993, antes de aprobarse el REF de 1994. ¿Cómo lo logramos? A través de una ley del Parlamento de Canarias para la actualización y reforma de todo el Régimen Económico y Fiscal. El trámite exigiría, que una vez aprobado por Canarias, la ley se tramite en el Parlamento español para su aprobación definitiva. Y será así al votar los artículos y las enmiendas cuando de verdad sabremos el compromiso real de cada uno.
Para eso, recordando la experiencia histórica, no deberíamos olvidar que caminos nos llevaron a ninguna parte y que otros nos llevaron al objetivo: un Régimen Económico Fiscal nuevo e integral, con rango de ley, que posteriormente sea blindado dentro de la Constitución. Sin duda el proyecto de ley debe ser elaborado por el Gobierno de Canarias y enviado al Parlamento lo antes posible, utilizando como base el documento ya aprobado el año pasado.
Un REF vulnerado
Como se recordará, en él se incluían cuestiones importantes que ahora han quedado marginadas del debate político, como son la gestión canaria de puertos y aeropuertos; la ampliación de la fiscalidad para la exportación; la agenda canaria para el cambio climático y la implantación de la economía verde y las energías renovables; la inclusión de Canarias en el mercado digital europeo con incentivos especiales; garantías para que los planes de infraestructuras y empleo no puedan ser reducidos y anulados caprichosamente por el Gobierno español. Y, sobre todo, que Canarias necesita mantener el diferencial fiscal que tiene con la Península para poder crecer y crear empleo. Y, paralelamente, que el volumen del gasto público estatal en servicios públicos y en inversión debe mantenerse obligatoriamente en la media española y no depender de los recursos fiscales que aportemos. Esto ya está en el actual REF, pero ha sido vulnerado sistemáticamente. Con lo que se vulneran los fueros históricos de Canarias y el estatuto de ultraperiferia de la Unión Europea, que reconoce expresamente el hecho singular canario y los costes de nuestra lejanía e insularidad.
El nuevo REF canario, que ahora también debe tener el apellido de social, debe convertirse en el escudo y el instrumento necesario para poder afrontar con éxito la negociación del nuevo modelo de financiación que se producirá en el inmediato futuro. Ha resultado un atropello histórico que Canarias haya sido en los últimos cinco años la comunidad de España con menos recursos por habitante para financiar la educación y la sanidad. Lo que ha producido una pérdida de calidad inaceptable en nuestro sistema educativo y de salud, con efectos muy graves en la calidad de vida de los ciudadanos canarios.
El objetivo central de todos los partidos políticos canarios debe ser luchar por un nuevo modelo de financiación en que todos los españoles sean iguales ante el Estado en los recursos para el mantenimiento de sus servicios públicos. Sin cortinas de humo y falsas excusas. Deben de contar asimismo con el apoyo de toda la sociedad canaria: universidades, cabildos, ayuntamientos, organizaciones empresariales y sindicales. Es decir, sumar a la política toda la sociedad civil, que debe tomar conciencia urgentemente de lo importante de este tema para su futuro.
Estas razones aconsejan que el debate de la próxima semana en el Parlamento de Canarias sea una auténtica reflexión de una nacionalidad madura. Que sabe defender sus derechos y cumplir sus obligaciones de solidaridad con el resto del Estado, pero sin discriminaciones ni marginaciones como las que hemos sufrido en los últimos años.
