El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, negó ayer que la ley del suelo que se tramita vaya a traducirse en un aumento de la litigiosidad como vaticinan algunas voces críticas. Además, abogó por desoír a los "profetas" que se "dedican a adivinar el futuro".

A juicio del jefe del Ejecutivo, es precisamente el momento presente, en que se aplican "cuatro leyes distintas, en algunos casos contradictorias", el que propicia la confusión. Como dato, expuso que solo 26 de los 88 municipios canarios cuentan con sus planes de ordenación adaptados "y ocho han sido anulados plena o parcialmente por los tribunales".

Clavijo realizó estas manifestaciones tras reunirse, en compañía de su consejero de Economía, Industria, Comercio, y Conocimiento, Pedro Ortega, y el catedrático de Derecho Administrativo Francisco Villar -uno de los padres de la nueva ley- con la Junta Directiva de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) en Las Palmas de Gran Canaria.

Precisamente el presidente de esta patronal, Agustín Manrique de Lara, descartó que vayan producirse problemas al residenciar mayor poder para el planeamiento en las administraciones locales. "Los ayuntamientos que no tengan capacidad técnica para generar esos documentos siempre tendrán la posibilidad de acudir a sus cabildos o al Gobierno de Canarias para que les tutele", resaltó tras escuchar las explicaciones del Gobierno canario.