Dos asociaciones de jueces y una de fiscales han criticado públicamente la investigación abierta sobre la juez en excedencia y diputada de Podemos Victoria Rosell por la Fiscalía de Las Palmas, a la que acusan de haberse "arrogado competencias" que corresponden al Poder Judicial.
En un comunicado conjunto, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales se refieren de este modo a las diligencias disciplinarias que el Ministerio Público abrió en plena campaña electoral para averiguar si Rosell había cometido alguna infracción profesional en sus últimos días al frente de un juzgado de instrucción de la capital grancanaria. Pretendía aclarar si, influida por intereses personales, la entonces candidata de Podemos había tomado o dejado de tomar decisiones en una causa en la que se investiga por fraude fiscal al empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente del grupo Ralons y de la UD Las Palmas.
Esos intereses personales, según la Fiscalía, residían en el acuerdo que en esas mismas fechas había cerrado la pareja de Victoria Rosell, el periodista Carlos Sosa, con la UD La Palmas para arrendarle la utilización de una frecuencia de radio en FM.
El asunto fue archivado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no apreció infracción alguna, y dio lugar a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que declara nulas todas la diligencias realizadas al respecto por la Fiscalía de Las Palmas, por carecer de competencias.
El TSJC apunta en la sentencia que el Ministerio Público se inmiscuyó en una cuestión que solo corresponde valorar al CGPJ y que además lo hizo vulnerando dos derechos fundamentales de Rosell: el derecho de defensa y el derecho a participar en unas elecciones.
Las asociaciones Francisco de Vitoria, FJI e Independiente de Fiscales se refieren en su comunicado a ese fallo del TSJC -dictado el pasado 8 de marzo- para expresar "su preocupación por la actuación llevada a cabo por la Fiscalía".
El asunto de fondo que pretendía investigar la Fiscalía de Las Palmas -si Rosell retrasó o no un procedimiento judicial por intereses personales- sigue vivo en el Tribunal Supremo en forma de una querella presentada por el ministro José Manuel Soria (PP). Sin embargo, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha recomendado a la Sala de lo Penal su archivo.
