¿Cómo valora la ley del suelo que el Ejecutivo quiere aprobar antes de fin de año?
Mi visión desde fuera es que esta ley va a ser crucial para la economía canaria por ser, seguramente, la más importante de los últimos 10 o 20 años. El anteproyecto contiene 408 artículos, 16 disposiciones adicionales, 23 disposiciones transitorias y creo que supondrá un cambio sustancial en lo que es el urbanismo en Canarias. De hecho, que plantee la pérdida de competencias de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) es trascendental porque volvemos al municipalismo, a que los propios ayuntamientos efectúen la ordenación de su territorio.
¿Y en qué se traducirá ese cambio sustancial?
El equilibrio entre la expansión económica y el desarrollo urbanístico, por un lado, y la protección del medio ambiente, de otro, podría desaparecer. La sociedad, más que nunca, debe ser consciente de esta ley y participar en su debate.
¿Comparte que a partir de esta ley habrá mayor seguridad jurídica porque se evita la confusión que genera la aplicación de varias leyes a la vez que serán derogadas con esta norma?
Se puede generar una inseguridad jurídica mayor al no coordinarse de manera adecuada todas las administraciones, por lo que nos podemos encontrar que el parecer urbanístico de un ayuntamiento sea contrario a otro aunque esté dentro de la misma isla. Esto también genera inseguridad a los ciudadanos y puede ser peligroso. Sé que muchas veces se critica a la Cotmac, sobre todo por parte de las asociaciones de empresarios que, de hecho, la califican como un organismo anacrónico. Pero creo que podría replantearse esto porque no veo bien que desaparezca.
¿Cómo?
Los empresarios pueden tener sus intereses particulares y le corresponden, de hecho, defenderlos. Podemos criticar a la Cotmac, que puede ser lenta, sí, como cualquier administración, y también se pueden criticar sus decisiones. Pero insisto en que se puede mejorar, pero de ahí a su desaparición es dar un paso más allá.
¿Considera, entonces, que la pérdida de competencias de este organismo significa barra libre para los ayuntamientos y cabildos?
Es un canto de sirena y, evidentemente, una barra libre para los municipios. A mí me parece perfecto que se regulen determinadas cuestiones pero hay que tener en cuenta que dar todas las competencias a los ayuntamientos puede ser bastante peligroso para el equilibrio entre el medio ambiente y el urbanismo. El turismo es nuestra fuente de riqueza y por eso tenemos que proteger el medio ambiente. Además, no sé como algunas de estas administraciones podrán solventar la falta de capacidad técnica para asumir las competencias.
¿Y esto se podría traducir en un incremento de los litigios?
Seguramente. En vez de generarse situaciones que mejoren van a empeorar. Unos ayuntamientos ordenarán el territorio de una manera mientras que habitantes del municipio de al lado se verán afectados de otra forma en este aspecto. Creo que se pueden generar situaciones de indefensión al ciudadano y seguramente peligrosas en ese sentido. El Ejecutivo regional y cualquier gobierno autonómico tiene que entender que una región tiene que establecer una serie de criterios y directrices al unísono para todo su territorio. Nos podremos encontrar ante posibles dislates de lo que pasó en los 70, lo que fue la extensión de muchas extensiones turísticas, así que habría que evitar que pase eso en el futuro.
