Sin ruido, al contrario de lo ocurrido en su nacimiento, los permisos otorgados por el Gobierno central a Repsol han caducado. La multinacional petrolera española tiene ahora 60 días para presentar el informe detallado de sus actuaciones en el subsuelo marino próximo a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Mientras, el Ejecutivo canario estudia cómo y en qué momento introducir en la negociación con el Estado la posibilidad de que las Islas tengan capacidad de decisión y, en su caso, de veto ante futuros intentos de buscar hidrocarburos en aguas canarias.
El día 22 de marzo expiró la autorización, que se ha mantenido vigente por un periodo de seis años. Los cuatro últimos han transcurrido desde marzo de 2012, cuando el ministro de Industria, Energía y Turismo -ahora en funciones-, José Manuel Soria, decidió reactivar los permisos. Estos habían quedado suspendidos en 2004 por una sentencia del Tribunal Supremo. Hasta el momento en que se pronunció el Alto Tribunal, ya habían transcurrido los dos años restantes, los que discurrieron desde el momento en que el Gobierno de Aznar dio vía libre a los trabajos por vez primera.
El presidente canario, Fernando Clavijo, celebró en la Cadena Cope la caducidad y recordó que las prospecciones generaron división y problemas. "Es una gran noticia para el pueblo de Canarias", afirmó. Sobre la posibilidad de que en el futuro se produzcan de nuevo intentos de compañías por investigar la presencia de hidrocarburos cerca de las costas de las Islas, el jefe del Ejecutivo regional se mostró convencido de la necesidad de que sean los ciudadanos canarios los que tengan la última palabra y "no que decidan desde otro sitio".
De facto, esa iniciativa significaría que la comunidad autónoma posea un derecho de veto, si bien Clavijo suavizó los términos apartando del plano jurídico la cuestión, pero manifestándose a favor de que se pueda "blindar" la potestad canaria.
También optó por el aplauso tras conocer la noticia el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales. En un comunicado, el compañero de partido de Fernando Clavijo -ambos de Coalición Canaria (CC)- definió "las aguas de Canarias" como "un auténtico santuario natural y un paraíso". Además, recordó la movilización ciudadana que se produjo en contra del "Gobierno del Estado y del ministro del petróleo", en alusión a Soria.
Repsol debe ahora detallar en un informe los trabajos desarrollados en las Islas. El Real Decreto (547/2012) con el que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo reactivó los permisos señalaba que la multinacional perforaría "al menos dos pozos exploratorios" y destinaría a ello "una inversión mínima de 20 millones de euros".
Lo cierto es que horadó el fondo marino tan solo en una ocasión, por lo que no se descartan reclamaciones por parte del Estado. La compañía petrolera tiene a su favor el haber asumido el cien por cien de las necesidades financieras en el único sondeo realizado, lo que se cuantificó a priori en una cantidad que se sitúa en el entorno de los 120 millones de euros, muy por encima del mínimo exigido.
Los trabajos se desarrollaron en el enclave denominado Sandía desde el 18 de noviembre de 2014. Confirmaron la presencia de gas sin la suficiente calidad y volumen como para abordar una posterior fase de explotación, por lo que la multinacional que preside Antonio Brufau comunicó su retirada el 16 de enero del pasado año y su intención de no retornar a las Islas.
