La reforma del sistema de financiación autonómica concitó ayer el respaldo unánime del Parlamento canario. El debate del estado de la nacionalidad finalizó con un claro pronunciamiento de la Cámara, antesala del próximo debate que tendrá lugar en el hemiciclo por la comunicación que ha presentado el Gobierno regional en el Parlamento ante la negociación que tendrá lugar con el próximo Ejecutivo central. El objetivo es contar con el apoyo de todos los grupos políticos, además de los agentes económicos y sociales y otras instituciones y colectivos.

Los seis grupos con representación parlamentaria presentaron propuestas de resolución relativas a este asunto, por lo que no fue difícil llegar a una propuesta unánime en la que se demandan fondos suficientes para los servicios públicos esenciales y que la reforma del sistema dote a Canarias de, al menos, una financiación media por habitante igual a la del resto de las comunidades autónomas.

Sin embargo, esta unanimidad no se repitió en otros asuntos de calado que han protagonizado el debate político en los últimos meses. Los grupos que apoyan al Gobierno, CC y PSOE, aprobaron sus propuestas relativas a la Ley del Suelo y al Plan de Desarrollo ligado al ITE y rechazaron las resoluciones presentadas en el mismo sentido por otras fuerzas políticas, entre ellas el PP o Nueva Canarias. En el caso de la Ley del Suelo los populares apoyaron a socialistas y nacionalistas, lo que da idea del frente político mayoritario creado en torno a esta iniciativa legislativa, aunque, curiosamente, el pacto no apoyó la propuesta de los populares sobre el mismo tema.

En total fueron más de un centenar, de un total de 305, las propuestas que se aprobaron por la Cámara. Además de la financiación autonómica, salieron por unanimidad o mayoría cuestiones como el blindaje del Régimen Económico y Fiscal (REF) en la Constitución, la gestión de los aeropuertos, la recuperación del Plan Integral de Empleo o la puesta en marcha de un plan de lucha contra la violencia de género.

También se lograron aprobar propuestas relativas a la búsqueda de un consenso en torno al decreto que regula el alquiler vacacional, el impulso al proyecto monumental de Tindaya, el rechazo al acuerdo entre la UE y Turquía sobre los refugiados y la defensa del diálogo en el conflicto del Sahara Occidental y el regreso de los efectivos de la Minurso expulsados por Marruecos.

Las propuestas en torno a la reforma electoral presentadas por Nueva Canarias, Podemos y el PP fueron rechazadas por los grupos que apoyan el Gobierno. De nada sirvió que los portavoces de estos grupos demandaran un reequilibrio entre las islas y un sistema de representación más proporcional. Los grupos del Gobierno, con el respaldo del grupo Mixto, rechazaron las propuestas a la espera de las conclusiones de la comisión de estudio parlamentaria.

Socialistas y nacionalistas volvieron a rechazar los infructuosos intentos por parte del PP, Podemos y Nueva Canarias de introducir reformas fiscales traducidas en una bajada de impuestos -en el caso del PP- o la implantación de una tasa turística, demandada tanto por Podemos como por NC.