Lo que parecía el fin de semanas de disputas y el apuntalamiento del pacto de Gobierno ha resultado no ser tal. Pese a que el miércoles pasado la presidenta del PSOE en el Parlamento de Canarias, Dolores Corujo, anunció el apoyo de su grupo sin fisuras a la Ley del Suelo ayer uno de los dirigentes socialistas aseguró que la decisión no está aún tomada y que es a los órganos del partido a quienes corresponde hacerlo.

Gustavo Matos, diputado por Tenerife y miembro de la ejecutiva, advierte que el debate sigue abierto.

Tanto Matos como el secretario de organización del PSC-PSOE, Julio Cruz, o José Alcaraz son tres de los dirigentes que han mostrado su oposición pública a una norma que consideran que la parte nacionalista del Gobierno regional ha elaborado al margen de los partidos y que deja mucho que desear, desde el punto de vista del control. No comparten, por ejemplo, la práctica desaparición de la Cotmac en virtud de la agilización de los planeamientos urbanísticos.

El anuncio de Corujo -respaldado no obstante por una propuesta de resolución presentada al alimón por CC y PSOE- y declaraciones posteriores de la vicepresidenta Patricia Hernández, supuestamente cogieron por sorpresa a varios dirigentes.

Las diferencias se enmarcan además en un contexto precongresual en el que Hernández opta a la Secretaría General y no faltan familias que buscan una alternativa.

Matos subrayó ayer en un comunicado que "los órganos del PSC no han tomado aún un acuerdo respecto al apoyo a la Ley del Suelo, ni su ejecutiva regional ni ningún otro", y es un asunto trascendente sobre el que no se puede decidir "en el despacho de una sede".

Según Matos, antes de dar el apoyo a esa ley debe haber "un posicionamiento formal de los órganos del partido".

"Este es un debate lo suficientemente importante y de una trascendencia tal para las Islas que no es aceptable que la decisión final del PSOE sobre el mismo sea adoptada sin las formalidades y participación que corresponde a los órganos de dirección", por lo que pide "abrir un debate más amplio en el seno del propio partido y que finalmente sea el comité regional, máximo órgano ente congresos, el que apruebe la posición final de los socialistas".

Matos llamó ayer la atención sobre el hecho de que el anteproyecto de la ley, que el Gobierno quiere aprobar antes de final de año, recoge aspectos no incluidos en el pacto de Gobierno y recordó que la ejecutiva regional ha decidido crear un grupo de trabajo para estudiar y elaborar propuestas al texto, "pero no bendecirlo en los términos que está redactado en estos momentos".