El actual sistema de financiación autonómica ha supuesto que entre 2009 y 2013 cada canario reciba 1.570 euros menos que la media de los españoles para costear sus gastos sanitarios, educativos y sociales. En términos globales, en esos cinco años al Archipiélago han llegado 3.436 millones de euros menos de los que deberían haberlo hecho en caso de que el equilibrio entre todos los territorios del Estado hubiera sido exquisito. Si la comparación se establece con Cantabria, la comunidad mejor financiada, la diferencia se eleva a 853 euros por habitante y año; 2.717 reciben aquellos por 1.864 los isleños.
El mero cálculo del reparto pone de manifiesto una desigualdad lo suficientemente flagrante como para concitar el acuerdo de todos los grupos políticos con representación en el Parlamento de Canarias sobre la necesidad de variar el método de reparto de los fondos.
El Gobierno central del PP se comprometió a revisar el modelo durante la pasada legislatura, pero en el camino se cruzaron la crisis y los consecutivos recortes del déficit público impuestos por Bruselas. Ante retos de un calado mayor, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, recomendó postergar el momento de abrir un melón de sabor incierto por las divergencias que se vislumbran en las aspiraciones de las diferentes regiones.
Las mejor financiadas querrán ceder el menor terreno posible y las que, como las Islas, padecen escasez de recursos perseguirán salir del vagón de cola. A ese razonamiento cartesiano se unen las complicaciones del marco político, con una Cataluña que, a pesar de estar inmersa en un proceso separatista, jugará fuerte para garantizar la llegada de más dinero a sus arcas.
9.413 millones menos
El espacio para modular las actuales diferencias es amplio. Cantabria ha recibido en el mencionado periodo 2009-2013 un total de 9.413 millones de euros más que las Islas. La grieta es de un tamaño capaz de albergar un millar de razones para el cambio.
Para mejor entender la importancia de estas carencias basta saber que en torno al 65% del presupuesto del Archipiélago se alimenta con el dinero que proviene del sistema de financiación autonómica. Prescindiendo de la enorme diferencia con Cantabria, la distancia anual con la media estatal en el periodo asciende a 3.436 millones de euros. Contar solo con esta cantidad de más en las cuentas, habría supuesto un balón de oxígenos para ese bloque de servicios esenciales que integran la educación, la sanidad y las políticas sociales. Más aún cuando el cumplimiento de los objetivos de déficit que marca Bruselas y distribuye Madrid limitan la capacidad de endeudamiento al perímetro más cercano al 3%.
Traducido a lenguaje llano, si antes era necesario un colegio se pedía un crédito y la desviación se corregía -no siempre se hizo así y de ahí parte de los problemas de las cuentas públicas- en ejercicios posteriores. Hoy el límite de endeudamiento obliga a buscar soluciones menos beneficiosas para esos alumnos. Y lo mismo es aplicable a un hospital o al número de dependientes que puede asumir el sistema.
El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, llevó a datos palmarios esta semana el coste social que tiene ser la comunidad autónoma que menos recursos recibe cada año con el remite del sistema de financiación autonómica. Durante el debate sobre el estado de la nacionalidad, explicó que poner a las Islas en la media supondría la generación de 14.000 puestos de trabajo anuales más, guarecer de la tormenta de las carencias a otras 1.500 familias con la Prestación Canaria de Inserción (PCI) o incrementar la capacidad de los quirófanos del Servicio Canario de Salud (SCS) hasta poder sumar 12.495 operaciones a las actuales, por ejemplo.
La Consejería de Hacienda que dirige Rosa Dávila echa en falta en cada ejercicio unos 700 millones de euros. De ellos, 400 derivan del gol recibido en 2009, cuando, con el actual sistema de reparto, el Régimen Económico y Fiscal (REF) entró a formar parte de uno de los fondos que lo conforman.
Nadie discute la improcedencia de que se descuenten de las ayudas a recibir las herramientas contenidas en dicho REF y que tienen como único objetivo poner a las Islas en la casilla de salida junto al resto de comunidades autónomas y en igualdad de condiciones. En otras palabras, se consintió que la mera cuestión de que los isleños tengan las mismas oportunidades que el resto de españoles se elevara a la categoría de una especie de gracia o concesión.
Una decisión de ese tenor tiene su contexto, que no disculpa a los dirigentes políticos de entonces pero colabora para su entendimiento. Al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero le apretaban las necesidades electorales en Andalucía y en Cataluña. Esta última comunidad comenzaba a tensar la cuerda del independentismo, herramienta que siempre le sirvió para obtener un poco más. Por otro lado, la divergencia entre las regiones mejor financiadas y las que peor lo estaban con el modelo anterior comenzaban a superar la simple condición de evidente.
Es decir, a la pertinencia política se unió la real, si bien es cierto que tampoco a Andalucía le sentó bien el nuevo traje, porque se encuentra entre las regiones que no alcanzan la media estatal per cápita. Para mejor convencer, el Gobierno socialista extendió un cheque extra de 7.300 millones de euros, un último empujón que puso a todas las comunidades a caminar en el mismo sentido. Sobre todo porque mantenerse al margen les habría supuesto un daño mayor.
Mientras, el Gobierno de Paulino Rivero -en su primera legislatura- comenzaba a virar la vista hacia el PSOE mientras crecían los problemas en su matrimonio con el PP. El presidente de este último partido en las Islas, José Manuel Soria, entonces consejero de Economía y Hacienda del Gobierno canario, estampó su firma mientras los conservadores se oponían en el Congreso de los Diputados. Según señaló en una reciente entrevista, hacerlo fue parte del precio que debió pagar para mantener a su formación dentro del Ejecutivo un tiempo más.
Con el Gobierno de España en funciones, se torna prácticamente imposible pensar en un inicio de las negociaciones antes de la segunda mitad del año próximo. El Ejecutivo de Fernando Clavijo ha optado, no obstante, por ir fijando posición y explorando la posibilidad de hallar aliados entre quienes también se sitúan hoy por debajo de la media española. De momento, el Parlamento regional abordará en una próxima sesión la comunicación que le ha remitido el Gobierno en esta línea. Se prevé un apoyo unánime de los grupos.
El diálogo no va a ser sencillo. El actual modelo lo integran tres fondos principales más el 25% de la capacidad tributaria de cada autonomía. Este último factor supone algo más de la quinta parte (21,65% en 2013) de la suma total.
La pata principal la constituye el Fondo de Garantía, que se nutre en su mayor parte del 75% de la recaudación fiscal de cada región. Su peso en el total del sistema se acerca a los dos tercios (64,96%). Este se completa con recursos adicionales del Estado (otro 7,73%). La suma resultante se coloca en una caja común y se reparte de forma igualitaria entre todas las autonomías atendiendo al volumen de población ajustada, es decir, tiene en cuenta circunstancias como la proporción entre habitantes consumidores de recursos (pensionistas, por ejemplo) y generadores de ellos.
En este punto se concentrará una de las grandes batallas, ya que las comunidades con mayor poder recaudatorio defenderán aportar en menor proporción a la caja común.
El segundo capítulo lo constituye el Fondo de Suficiencia Global, herramienta con la que se pretendía que ningún territorio saliera perdiendo con respecto al modelo anterior. Se alimenta con fondos íntegramente estatales y supone el 1,24% del sistema de financiación autonómica. Mantuvo el statu quo del pasado, pero no supuso mejoras, ya que se previó incrementarlo en la medida en que lo hicieran los ingresos de la Administración central. La irrupción de la crisis laminó esa intención. Además, no contempla la actualización de la población, con lo que las regiones en las que creció salieron perdiendo.
Por último, los fondos de cooperación (1,97%) y competitividad (2,45%), ambos alimentados también de forma exclusiva por el Estado, tienen por objetivo aminorar la brecha existente entre los territorios con mayor y menor renta. Se ha anotado un absoluto fracaso en esa persecución de la convergencia. Más si cabe en el caso de Canarias, que en la mayor parte de los años no ha percibido ni un solo euro por este capítulo.
La razón de la incongruencia que golpea a las Islas radica en que precisamente en esta tercera base del sistema es en la que se incluyó el REF. Sacar el diferencial fiscal y económico del nuevo sistema -que nos resta unos 400 millones anuales- es una posición de partida irrenunciable para el actual Gobierno canario, también conocedor de la dificultad que entrañará lograr la marcha atrás en aquello que se consintió.
