03 de abril de 2016
03.04.2016

Las Islas acuden a la Constitución para avalar la necesidad del cambio

El Gobierno regional completará su fundamentación jurídica con el Estatuto de Autonomía y la Ley Orgánica de Financiación

02.04.2016 | 23:09

El Gobierno de Canarias acudirá a la Constitución Española para hacer valer su intención de conseguir un sistema de financiación autonómica equilibrado y que acabe con las diferencias que arroja el actual. Entre otras cuestiones, expondrá la incapacidad del actual modelo para preservar el principio de solidaridad territorial.

La Consejería de Hacienda del Ejecutivo regional pondrá sobre la mesa la evidencia de que el método de reparto aprobado en 2009 no garantiza "el equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español" que recoge el artículo 138 de la Carta Magna.

Ese mismo precepto incide en la necesidad de atender de forma "particular a las circunstancias del hecho insular", lo que impacta contra una realidad que coloca al Archipiélago como la comunidad autónoma peor financiada del Estado.

No es ese el único mandato constitucional que impide cumplir el actual modelo. A juicio del Gobierno de Fernando Clavijo, tampoco la obligada equidad queda a salvo. "El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía", reza la ley de leyes.

Además, también aderezará la demostración de la pertinencia de sus intenciones con el propio Estatuto de Autonomía de Canarias, en la parte en que establece el modo de cumplir con la Constitución en esta materia. En su artículo 55.1, la norma superior isleña establece que "el Estado otorgará a la Hacienda canaria, con cargo a los Presupuestos Generales, las adecuadas asignaciones complementarias" para garantizar la prestación de los servicios básicos.

Por último, acudirá a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), que establece que el Fondo de Garantía debe velar por que "cada comunidad reciba (...) los mismos recursos por habitante, ajustados en función de sus necesidades diferenciales, para financiar los servicios públicos fundamentales, garantizando la cobertura del nivel mínimo de los servicios".

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