04 de abril de 2016
04.04.2016

Sosa admite que recibió financiación de grandes empresarios para sus proyectos

Sostiene que preserva en el anonimato el nombre de los inversores para evitar que "sufran" las represalias sociales, políticas y económicas de José Manuel Soria

04.04.2016 | 07:23
Carlos Sosa, en una imagen de archivo.

El periodista y director del periódico digital Canarias Ahora, Carlos Sosa, niega que haya recibido ningún préstamo "personal" de grandes empresarios si bien sí firmó con ellos contratos de suscripción de participaciones que acabaron reconvertidos en compensaciones de publicidad ante las imposibilidad de ejecutarlos.

Cuando estampó su firma en nombre de Virtual Press y Canarias Ahora Radio, sociedades vinculadas a sus proyectos periodísticos, precisa que lo hizo en calidad de director general, como representante de esas mercantiles, pero en ningún caso como responsable societario. Su única vinculación con ambas empresas periodísticas, sostiene, era de la "empleado".

Carlos Sosa reconoce que recibió miles de euros de empresarios importantes de Las Palmas para sostener tanto la radio como el periódico digital que dirige, pero guarda el anonimato de los inversores porque, sostiene, estos tienen miedo a las represalias del ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Soria.

Carlos Sosa, actual pareja de la juez en excedencia y diputada de Podemos por Las Palmas Victoria Rosell, responde así a la publicación en domingo en LA PROVINCIA / DLP de la declaración del dueño de Seguridad Integral Canaria y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ante el juez instructor Salvador Alba y la fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, el pasado 23 de marzo. En el interrogatorio Miguel Ángel Ramírez confiesa que tanto él como otros grandes empresarios del Archipiélago han cubierto al menos durante once años con decenas miles de euros las pérdidas económicas de los proyectos periodísticos a los que estaba vinculado Sosa.

La fórmula, como él mismo relata, era siempre la misma: prestaban dinero con la condición de que si no lo devolvía se convirtiera en acciones en una futura ampliación de capital. Con las empresas extinguidas o sin actividad la solución pasaba por compensar al prestamista con publicidad por el mismo valor en el periódico digital Canarias Ahora.

Ninguno de esos contratos con grandes empresarios se hizo público. Carlos Sosa sostiene, en el escrito que se reproduce a pie de página, que sobre ellos se "guardaba absoluta reserva para impedir que sufrieran las consecuencias sociales, políticas y económicas de apoyar a un medio como el nuestro. Empresarios que no querían que José Manuel Soria, en concreto, conociera que invertían de alguna forma en estos medios".

"El señor Ramírez, efectivamente", destaca Sosa, "fue uno de ellos. A él corresponde únicamente la responsabilidad de haber desvelado sus vínculos ahora. Nosotros siempre mantuvimos la reserva debida".

Sosa y el ministro han mantenido durante años un enfrentamiento judicial por informaciones publicadas por Canarias Ahora sobre supuestas actuaciones irregulares. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias archivó en mayo de 2009 una investigación por presunto cohecho abierta a instancias el periodista contra el también presidente del PP en el llamado caso Salmón.

LA PROVINCIA / DLP reprodujo ayer textualmente la declaración de Miguel Ángel Ramírez ante el juez Alba con sus respuestas a la fiscal Ríos y a los abogados para que el lector tuviera la integridad de las contestaciones sin manipulaciones, tergiversaciones ni cortes y pudiera sacar sus propias conclusiones. En ningún caso el periódico se atribuye como suyas las afirmaciones del presidente de Seguridad Integral Canaria, ni de la fiscal ni del magistrado.

En el escrito que se reproduce abajo el periodista y director de Canarias Ahora precisa que no se halla incurso en la causa penal por la que declaró Miguel Ángel Rodríguez. Sin embargo, pese a estar ajeno a este procedimiento, como sostiene en su escrito, a las pocas horas de la difusión de la noticia en este periódico es capaz de aportar detallados datos sobre la documentación que entregó el empresario en sede judicial.

En ocasiones en su escrito Carlos Sosa confunde las declaraciones de Miguel Ángel Ramírez con afirmaciones que atribuye a este periódico -"es falso que yo o cualquiera de los administradores de esas empresas las dejáramos morir para crear otras nuevas", asegura- cuando estas declaraciones forman parte del interrogatorio de la fiscal y el juez al empresario.

El periodista y director de Canarias Ahora atribuye también a este periódico un dato erróneo. "Es falso que [grandes empresarios de Las Palmas] me hayan hecho ningún préstamo personal, como maliciosamente se asegura en el titular de portada de LA PROVINCIA", asegura.

En el titular del periódico, como se puede comprobar, no se menciona que fuera un préstamo personal. En cualquier caso, toda la información publicada ayer tiene una fuente que está bien identificada -el dueño de Seguridad Integral Canaria- y un contexto -su declaración como imputado en el juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria- por lo que no se puede hacer pasar por aseveraciones de LA PROVINCIA / DLP declaraciones ajenas.

Carlos Sosa confunde también el uso del término del derecho a la rectificación -como si el periódico hubiera errado en algún dato de la información publicada el domingo, en la que todas las afirmaciones están atribuidas bien al empresario, al juez o a la fiscal- con el derecho de réplica al que todo afectado por una información tiene derecho.

El periodista y director de Canarias Ahora tampoco puede ser ajeno al relevante dato de su condición de compañero de la juez y diputada de Podemos, Victoria Rosell, que estuvo al frente de la investigación fiscal abierta a Miguel Ángel Ramírez hasta que se presentó como candidata al Congreso de los Diputados. No deja de ser un dato periodístico relevante, en este caso, la relación afectiva entre ambos si se tiene en cuenta que Miguel Ángel Ramírez financió los proyectos periodísticos de Sosa y que la UD alquiló el pasado otoño la licencia radio FM que el Gobierno concedió al periodista en un concurso público.

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