Canarias tiene más de 400 millones de cobros pendientes de ejercicios pasados, una cifra que ha ido aumentando a lo largo de los últimos cuatro años, según informó ayer el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC), Rafael Díaz, en comisión parlamentaria, donde presentó el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de 2014.
Díaz explicó que respecto a años anteriores, en 2014 se amplió la desviación entre las cifras previstas de ingresos y gastos de las efectivamente registradas, lo que se manifiesta en un aumento del saldo positivo por 235 millones. Esta desviación se compensó, en parte, con la reducción del importe de acreedores pendientes de aplicar al presupuesto en 41,8 millones, continuando así la tendencia decreciente iniciada en ejercicios anteriores.
Las principales fuentes de ingresos procedieron de aportaciones del Estado (56% de los recursos), seguidas de la financiación obtenida por operaciones de endeudamiento (24%). Desde la perspectiva del gasto, las políticas públicas se concentraron en sanidad (43%) y educación (23%). Ambas áreas, junto con acción social, conforman los denominados servicios públicos fundamentales, cuya cobertura corresponde al Estado, que está siendo insuficiente, según el informe.
En lo relativo a la ejecución presupuestaria, en materia de ingresos se ejecutó por encima del 100% y en cuanto a los gastos se superó el 97%.
Con respecto a los organismos autónomos y otras entidades públicas, la Audiencia aconseja al Servicio Canario de la Salud que adopte medidas para finalizar la subsanación de las incidencias detectadas por la Intervención General en los criterios contables.
En relación con las operaciones financieras, el informe constata que la administración autonómica ha obtenido excedentes de tesorería en los últimos ejercicios y que las empresas públicas, sin embargo, han tenido déficit de liquidez, originando en las empresas incumplimientos en los plazos de pago, viéndose éstas obligadas a renegociar operaciones de endeudamiento al no poder afrontar las amortizaciones en el momento del vencimiento.
En este sentido, el órgano auditor recomienda analizar la conveniencia de transferir parte del excedente de tesorería de la administración a las empresas públicas, bajo ciertas condiciones que garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda, así como de los planes de viabilidad de las empresas.
