La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) considera "inadmisible" la conducta de la diputada de Podemos Victoria Rosell, el pasado 3 de abril en el aeropuerto de Gran Canaria, al encararse con un agente en el control de seguridad. En un comunicado, la asociación asegura que no sólo la actitud de la magistrada en excedencia fue cuestionable en el momento del incidente, cuando a las 6.45 horas del domingo se disponía a coger un avión rumbo a Madrid, sino al día siguiente cuando en varios medios de comunicación "menospreció" al guardia civil con expresiones "soeces, difamatorias y arbitrarias". Del agente que requirió su DNI dijo que "...quizás había dormido mal, o trabajado de taxista por la noche", resalta el comunicado.

El altercado se produce, según se refleja en sendos informes del instituto armado y el Departamento de Seguridad del aeropuerto, cuando Rosell se niega a identificarse de forma reiterada ante el agente y después de haber manifestado su malestar por tener que someterse a las medidas de seguridad establecidas.

La AEGC defiende la actuación del agente, que considera "correcta", al tiempo que acusa a Rosell de "falta de conocimiento" de la seguridad en los aeropuertos. Además, recuerda a la diputada que si como ella asegura la Guardia Civil ha falseado un acta -una afirmación "extremadamente grave porque se trata de una conducta delictiva"- debería interponer la correspondiente denuncia, "cosa que de momento no ha hecho".

De otra parte, el juez salvador Alba, de que sustituye a Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, ha presentado un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitando amparo al ver afectada su independencia por determinadas informaciones publicadas por Canarias Ahora, según han confirmado a Europa Press fuentes del órgano de gobierno de los jueces. El diario está dirigido por Carlos Sosa, pareja de Rosell, y las informaciones tendrían que ver con el envío al CGPJ de un informe sobre los vínculos de Sosa con el empresario Miguel Ángel Ramírez, imputado por delito fiscal en la última causa que instruía la juez antes pedir su excedencia para dedicarse a la política.