Podemos cree que el anteproyecto de ley del suelo tiene "agujeros negros" y obligará, si finalmente se aprueba el texto tal y como está redactado, a que los ayuntamientos "privaticen sus planes de ordenación". Según afirmó Javier Doreste, concejal de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria, "el título preliminar del anteproyecto de ley quita las competencias de planear a los ayuntamientos con sus propios medios técnicos, si los tuvieran, y obliga a que el plan de ordenación municipal se saque a concurso público de libre concurrencia". Doreste explicó que "gabinetes privados de arquitectura serán los que elaboren los planes, con lo que tememos que los intereses privados se antepongan a lo público".
Doreste señaló que este "peligro" es uno de los asuntos que su formación política planteó ayer al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y a la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, en una reunión con las diputadas de la formación morada Noemí Santana y Asunción Delgado, celebrada en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. Asisteron también el coordinador del grupo parlamentario y consejero en el Cabildo de Tenerife, Roberto Gil, y Carmen Valido, miembro del consejo insular de la formación morada en Gran Canaria.
La cita se producía después de que Santana recriminara al presidente, durante el pleno sobre el estado de la nacionalidad que se celebró la pasada semana en el Parlamento regional, que no había recibido a su grupo para explicarle el anteproyecto de ley como sí había hecho con el resto. Clavijo la invitó a Presidencia, pero le recordó que era ella quien debía solicitar el encuentro.
"Es falso que se diga que se transfiere la competencia al poder municipal porque pocos ayuntamientos tienen la capacidad técnica para hacerlo y a aquellos que sí la tienen se la quitan conminando a las corporaciones a celebrar concurso público", incidió el concejal de Urbanismo.
Noemí Santana, al término de la reunión, señaló a los medios de comunicación que su grupo parlamentario presentará alegaciones al anteproyecto para lo cual su formación política abrirá un proceso de participación para que los ciudadanos, colectivos sociales, ecologistas y profesionales para aportar soluciones y enriquecer el texto que se apruebe.
Según afirmó la diputada y portavoz parlamentaria de Podemos, "el anteproyecto de ley del suelo de las Islas no apuesta por la cohesión social e incluso en algunos apartados se favorece la especulación y la burbuja inmobiliaria que trajeron la crisis económica".
"El texto que hemos conocido no apuesta por un proyecto común, ya que la ordenación se deja en manos de ayuntamientos y cabildos" por lo que consideró que al final "habrán 88 modelos territoriales distintos" y se mostró sorprendida de que "un partido que se dice nacionalista apueste por los reinos de taifas y no por un proyecto común", afirmó Santana.
Desde el punto de vista de diputada "esta ley nace viciada pues los grandes empresarios le dieron el visto bueno cuando ni siquiera lo conocía aún el partido socialista", socio de Gobierno de Coalición Canaria. Una afirmación en la que insistió pese a que ya ha sido negada desde el Gobierno.
Santana confió en que el Ejecutivo canario "dé un golpe de timón y se abra más a la participación".
Asimismo consideró un "grave error" que no se haya contado con la opinión de expertos funcionarios de la administración pública, "mientras que sí se ha contado con expertos próximos al presidente del Gobierno de Canarias".
Asunción Delgado, por su parte, sí cree que "la ley es necesaria porque hay que realizar una simplificación normativa y agradeció al presidente que haya derogado la Ley 14/2014 de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. No obstante subrayó que su formación no está de acuerdo "ni con el diagnóstico ni con las causas que han generado los problemas de aplicación de las normativas del territorio como tampoco en las soluciones".
La diputada pone también reparos a la efectiva planificación que pudieran hacer los ayuntamientos con esta nueva norma pues, señaló, la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha eliminado competencias a los ayuntamientos debido al endeudamiento al que habían llegado muchos de ellos. Desde su punto de vista si se plantea que si las corporaciones locales asuman competencias no previstas, "deben remitir un informe al Ministerio de Hacienda para analizar las repercusiones que tendría sobre la deuda municipal".
La diputada admitió que los ayuntamientos tienen competencias en materia de ordenamiento, pero "no en exclusividad y será con esta ley cuando sí las tengan en exclusiva, lo que implica un cambio muy importante". La diputada explicó que muchos ayuntamientos no disponen de técnicos municipales suficientes, por lo que muchos tendrán que contratar externamente la elaboración de informes a través de consultorías.
Por su parte, la consejera Nieves Lady Barreto señaló al término de la reunión que hay algunas cuestiones en las que "indudablemente no nos pondremos de acuerdo" con Podemos, pero consideró que la reunión había sido "productiva" porque se ha producido debate y se harán aportaciones.
