"Es erróneo afirmar que en El Hierro, La Gomera y La Palma ya no caben más inversiones". Así lo afirmó ayer el secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, desvelando, además, el destinatario de sus palabras: el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, quien las sostuvo el viernes tras reunirse con el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y los sindicatos mayoritarios para debatir sobre el reparto de los fondos del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (ITE).
A juicio del dirigente nacionalista, es lógico entender que las islas que impulsan en mayor medida la economía, en referencia a Gran Canaria y Tenerife, "necesiten más inversiones", pero "no es correcto" sostener que las tres más occidentales hayan agotado el cupo.
Barragán explicó que en el borrador de decreto del que ya disponen los presidentes insulares -"ayer [por el viernes], en la reunión lo tenía Morales", destacó-, los empresarios y los sindicatos no aparece en ninguna ocasión la palabra reparto.
El secretario general de los nacionalistas recalcó que eso implica que ni la triple paridad ni el Régimen Económico y Fiscal (REF) servirán de modelo para la distribución de los alrededor de 160 millones de euros anuales. Al respecto de esta última posibilidad, señaló que es imposible aplicar el REF porque eso crearía disfunciones que impedirían, por ejemplo, dotar de fondos a la carretera de La Aldea.
"Si lo hiciéramos por el REF, serían los recursos que corresponden a la comarca y no podría" llegar más dinero a esa zona, lo que, estimó, generaría tensiones con otros municipios.
El presidente canario, Fernando Clavijo, ser reúne mañana con Morales y los municipios grancanarios. "Espero que podamos aclararnos", señaló José Miguel Barragán, quien detalló que, según el borrador para el reparto, serán el Comité Asesor del Presidente, los municipios, los cabildos, las universidades y el propio Gobierno quienes evalúen si los proyectos cumplen los criterios de dinamización económica y creación de empleo. La última palabra sobre si se destinan fondos a cada iniciativa la tendrá el Ejecutivo.
