13 de abril de 2016
13.04.2016
A efectos disciplinarios

El Supremo remite al CGPJ las nuevas informaciones periodísticas contra Rosell

El Tribunal no ha atendido a la ampliación de la querella del ministro José Manuel Soria contra la diputada de Podemos

13.04.2016 | 16:33

El Tribunal Supremo no ha atendido a la ampliación de la querella del ministro José Manuel Soria contra la diputada por Podemos y juez en excedencia Victoria Rosell, aunque ha enviado las informaciones periodísticas en las que se basaba esta nueva acusación al Consejo General del Poder Judicial, a efectos disciplinarios.

La Fiscalía solicitó ante el Tribunal Supremo el pasado mes de marzo que se archive la querella que Soria presentó contra Rosell, al considerar que no hay delito y que el ministro no está legitimado.

El titular de Industria en funciones había ampliado la querella, pero el Supremo no considera oportuno consultar al fiscal sobre estas nuevas acusaciones, aunque se las ha enviado al órgano de gobierno de los jueces.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya archivó en febrero las diligencias previas que había abierto contra la juez en excedencia por no haberse abstenido, a pesar de que podría tener intereses en el caso, de una investigación penal al empresario Miguel Ángel Ramírez.

Sin embargo, el magistrado que sustituyó a Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria donde se instruye esa causa envió la semana pasada al CGPJ un informe que refuerza esas acusaciones contra la actual diputada de Podemos por haber incumplido su deber de abstenerse en una causa en la que su pareja podía tener intereses.

Hasta que abandonó el Juzgado para encabezar la candidatura de Podemos al Congreso por la provincia de Las Palmas, Rosell dirigía la instrucción abierta contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, por presuntos delitos de fraude a la Seguridad Social y a Hacienda en el pago a los empleados de una de sus sociedades, Seguridad Integral Canaria.

La Fiscalía de Las Palmas se quejó dos veces sin éxito del ritmo de esa instrucción ante el órgano de gobierno de los jueces, pero en ninguna de las dos ocasiones el CGPJ apreció que hubiera pruebas de infracción alguna por parte de Rosell en sus deberes profesionales como magistrada.

Ahora se ponen sobre la mesa del órgano de gobierno de los jueces nuevos elementos que podrían llevarle a revisar estos archivos, pero no necesariamente.

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