Durante sus casi 21 años de trayectoria política José Manuel Soria tuvo que convivir con una serie de escándalos y casos judiciales relacionados con su actividad pública o miembros de su partido en Canarias. Sin embargo, solo fue investigado en el denominado caso Salmón, por un presunto cohecho, que finalmente fue archivado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Como presidente regional del PP, Soria atravesó serias dificultades políticas por los sucesivas causas judiciales que afectaron a los populares, entre ellas los casos Faycán, Góndola, Brisán o Eólico. Fue una etapa dura para el partido pero también para su líder, que creía tener controlados todos los resortes de la formación. Aunque varios de esos procedimientos siguen en marcha, la situación alcanzó su momento álgido entre los años 2006 y 2007.
El caso eólico fue uno de los más llamativos por sus implicaciones judiciales y políticas. De hecho, se vieron envueltos miembros del equipo de trabajo de su hermano Luis, por entonces consejero de Industria del Gobierno canario, fundamentalmente Celso Perdomo, exdirector general de Industria y principal imputado en la causa abierta. A raíz de este caso se creó una comisión de investigación en el Parlamento canario que acabó de forma estrepitosa y en la que participó de forma activa el propio José Manuel Soria, que era diputado y presidente del Cabildo de Gran Canaria.
El caso Faycán, centrado en el municipio de Telde, está vinculado a una presunta financiación ilegal del partido. Una de sus principales investigadas, la exdiputada y exconcejala Toñi Torres, se suicidó por no soportar la presión a la que se vio sometida, y siguen imputados varios dirigentes del PP teldense, entre ellos el entonces alcalde, Francisco Valido, y la que fue alcaldesa de la ciudad años después, María del Carmen Castellano. Tanto este como el resto de los asuntos siguen pendientes de ser juzgados una década después de la tormenta política que se desencadenó como consecuencia de los mismos.
En el marco de la sucesión de casos que afectaron directa o indirectamente al exministro, fue el Salmón el que afectó seriamente a su carrera política. El caso arranca en 2005, siendo presidente del Cabildo de Gran Canaria, cuando Soria aceptó una invitación del empresario noruego Björn Lyng, propietario de Anfi del Mar y Anfi Tauro, para volar en su avión privado al Festival de Salzburgo y a disfrutar de la pesca del salmón en el país nórdico. Este viaje se produjo mientras el grupo de gobierno de la corporación insular decidía sobre la declaración de interés general de los proyectos del empresario como consecuencia de la moratoria turística.
La denuncia en los tribunales fue interpuesta por el director del periódico digital Canarias Ahora, Carlos Sosa, por un presunto cohecho. La Fiscalía Anticorrupción se personó como acusadora y el caso tuvo que ser juzgado por el TSJC por la situación de aforado de Soria, al ser diputado en el Parlamento autonómico.
En mayo de 2009 la magistrada del TSJC Margarita Varona decidió archivar el caso al no apreciar la consumación de un delito de cohecho por aceptación de dádiva. También la Fiscalía terminó por pedir igualmente el archivo por haber prescrito al haber pasado tres años. Pese a los intentos por parte de la asociación Justicia y Sociedad por reactivar el caso con un recurso, éste sería finalmente desestimado.
El caso Salmón originó un cruento cruce de declaraciones y denuncias entre Soria y el promotor de la demanda y que provocó que Soria, ya vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda, se viera obligado a ir a declarar al TSJC.
Otro asunto que no acabó directamente en el juzgado, pero sí tuvo importante presencia en los medios de comunicación fue el del alquiler del chalé del empresario Javier Esquivel y que terminó mezclándose con el caso eólico. Soria y su familia habitaron casi dos años en una vivienda de Esquivel, empresario que había acudido al concurso eólico y al que se autorizó instalarse en el muelle de Arinaga. Esta decisión acabó en los juzgados por doble vía, pero no por presunta corrupción: Soria se querelló por calumnias e injurias contra Francisco Cabrera, ingeniero y empleado del Cabildo que le denunció por favorecer a Esquivel frente a la empresa de titularidad pública Megaturbinas de Arinaga, y también contra varios periodistas. José Manuel Soria no vio atendidas sus demandas y en una de ellas fue condenado a pagar las costas aunque, sin embargo, logró finalmente evitar ese desembolso.
La sucesión de investigaciones y denuncias apenas minó el carisma político del presidente regional del PP ni su control férreo sobre el partido, a costa de prescindir de otros dirigentes por el camino y de obtener resultados electorales incluso por debajo de los que provocaron la dimisión de José Miguel Bravo de Laguna.
En los últimos meses ha mantenido, en concreto desde la campaña electoral del 20-D, un litigio judicial con la diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas y exmagistrada Victoria Rosell, contra la que ha interpuesto una querella por injurias y calumnias después de que éste la acusara de utilizar a la Fiscalía Provincial para indagar su actuación en una causa judicial.
