La Provincia - Diario de Las Palmas

La Provincia - Diario de Las Palmas

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Análisis Rebelión de las autonomías

El viernes negro del Sr. Montoro

El viernes negro del Sr. Montoro

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, vivió anteayer un auténtico "viernes negro", en que se puso en cuestión toda su gestión. Ese día se celebró el Consejo de Ministros en el que Montoro tenía que presentar un recorte de gastos de 2.000 millones de euros, que suponía un acuerdo de no disponibilidad de crédito por esa cifra en los presupuestos de 2016. Y la tarde de ese mismo día, el ministro de Hacienda reunió al Consejo de Política Fiscal y Financiera, con representación de todas las comunidades autónomas, para exigirles también un importante recorte de gastos en los presupuestos correspondientes a este año.

Estos recortes habían sido pactados por el ministro Guindos con la Comisión Europea ante el dato de déficit público de España en el 2015, conocido en los primeros días de este mes. Con gran sorpresa del Gobierno de España, se comprobó que el déficit público del pasado año había alcanzado un 5% del PIB y rebasado, por tanto, el 4,2% comprometido con la Unión Europea en el plan de estabilidad. La Comisión Europea presionó, con actitud muy exigente, para que España procediera a un recorte del gasto público, especialmente en las políticas sociales, tanto de la administración central como de las comunidades autónomas.

En este momento, todos recordaron las críticas realizadas el verano pasado por el comisario europeo Moscovici al presupuesto presentado, con anticipación, por el Gobierno de España. El comisario europeo, en rueda de prensa, se mostró tajante en afirmar que el presupuesto carecía de rigor, estaba condicionado por su carácter electoralista y que con esos datos España no cumpliría el objetivo de déficit que le exigía la Unión Europea. Todos recordaron también las respuestas airadas y contundentes de Guindos, Montoro y el mismo Rajoy, criticando y hasta burlándose de lo que consideraron "ignorancia e incompetencia" del comisario socialista francés. "Este señor -dijo Rajoy- muestra un grado de desconocimiento de la situación económica española, que ya ha iniciado claramente su recuperación. Y, por tanto, no hay ninguna duda, como se comprobará el año que viene, que España cumplirá los objetivos de estabilidad".

El 100% del PIB

Moscovici tenía razón y Rajoy no. Por eso Montoro tuvo que llevar al Consejo de Ministros del viernes la propuesta de gasto público exigida por la Unión Europea. Lo que demostraba que los aires triunfalistas expresados por el Gobierno español no se estaban cumpliendo. En estos mismos días, el Fondo Monetario Internacional expresó su alarma por los desequilibrios de la economía española que pueden poner en peligro su recuperación. Sus expertos afirmaron: "El ajuste tiene que ser mayor para asegurar que la deuda pública se afirme en una senda a la baja". A esta conclusión llegó el FMI al comprobar que la deuda había seguido creciendo de forma importante en los primeros meses del 2016, alcanzando en febrero el fatídico y simbólico dato del 100% del PIB. Cifra que estiman los expertos marca el punto a partir del cual la carga excesiva de deuda conduce a las economías al estancamiento.

Como explicó al Gobierno Montoro, una de las causas más importantes del crecimiento del déficit es que no se han cumplido las previsiones de ingresos fiscales. Y lo que no explicó es que eso es consecuencia directa del fracaso de la reforma fiscal que llevó a cabo el ministro de Hacienda. En el 2015, y se está repitiendo ahora en el 2016, se estancó por debajo de los niveles previstos la recaudación del Estado. De forma llamativa el impuesto de sociedades es el más afectado. Lo que no resulta nada sorprendente en estos tiempos en que se han puesto de moda los paraísos fiscales. La presión fiscal en España sigue en el 38% del PIB, a pesar de la recuperación, cuando la media de la zona euro es del 46%. Lo que provoca un desfase de los ingresos fiscales, junto al incremento del déficit público.

Bajan los ingresos, suben los gastos y se agrava la situación. A lo que se suma el estado preocupante en que se encuentra la Seguridad Social española. Montoro no termina de explicar por qué en años de crecimiento de la economía y el empleo se incrementa el déficit de la caja de las pensiones. En estos últimos años, no sólo crece, sino que se desborda: ha pasado del escaso déficit de 487 millones de euros en el 2011 a 5.800 en el 2012. A 8.700 en el 2013. A 13.760 en el 2014 y al grave déficit de 16.700 millones de euros en el pasado 2015. Una senda que lleva de forma imparable a una profunda crisis de todo el sistema de pensiones. Y que obligará al próximo gobierno a acometer las reformas que éste no se ha atrevido.

La gran pregunta es: ¿cómo es posible que en el año en que se crearon 500.000 empleos el déficit de la Seguridad Social se incremente en 3.000 millones de euros? El Gobierno no da la respuesta, ni siquiera se la plantea, porque no está dispuesto a reconocer que la precariedad laboral ha llevado a contratos más baratos, que cotizan menos, con menos horas y donde trabajaba uno, ahora lo hacen dos y hasta tres. Consecuencia: la recaudación por cotizaciones baja y los gastos en pensiones crecen hasta el punto de provocar un déficit preocupante. Estos datos conducen a la conclusión de que la actual política económica no ha sido un éxito como se decía, por lo que el nuevo gobierno de España que saldrá después de las elecciones tendrá que negociar con Europa un nuevo plan de estabilidad financiera y otro programa de reformas que de verdad impulsen una economía de crecimiento equilibrado y sostenible.

Algunas de estas cosas las tuvo que explicar nuestro flamante ministro de Hacienda en el Consejo de Ministros del viernes para justificar el exceso de déficit y los recortes que le exigían la Unión Europea. Pero como Montoro es uno de nuestros mayores expertos en no reconocer sus errores y echarle la culpa a los demás, al final concluyó que los excesos de gasto eran responsabilidad exclusiva de las comunidades autónomas, que habían provocado la desviación del déficit de todo el Estado. La acusación directa puso en marcha un proceso de rebelión de todas las comunidades autónomas, encabezado por Castilla y León, comunidad gobernada por el PP y que, sin ambages, se enfrentó al señor Montoro y al gobierno central.

La rebelión

Montoro anunció un programa obligatorio de recorte del gasto en el 2016 para las comunidades que había rebasado el déficit, es decir, todas menos tres: Canarias, Galicia y el País Vasco. Aunque conviene subrayar que Canarias es la que tienes menos déficit de toda España, pero también la que tiene menos gasto social. Y por eso, en vez de callarse, es la que tiene más razones para protestar y hasta para encabezar la rebeldía.

La rebelión se extendió, se fueron sumando una tras otra todas las comunidades autónomas, que se negaban a aplicar los recortes, llamados por Montoro programas de contención del gasto. El Fuenteovejuna de todos a una terminó por acorralar al ministro de Hacienda. Soportó la reunión del viernes del Consejo todo tipo de críticas y de desplantes, Las comunidades explicaban que su crecimiento del gasto, y por tanto del déficit, era consecuencia de que ellas gestionaban la educación y la sanidad, que representaban los capítulos más importantes del gasto público. Y que el incremento necesario para mantener dignamente estos servicios públicos está paralizado desde el 2013. En ese año el Estado estaba obligado a reformar el modelo de financiación autonómica, pero no la realizó. Lo que supone trasladar a las comunidades autónomas el déficit que tiene que afrontar el Estado.

Al final Montoro dio marcha atrás, aplazó las decisiones y no logró imponer los recortes. Lo que despertó todo tipo de sorpresas en la Unión Europea, porque es la primera vez que se frenan en España de forma radical las políticas de austeridad. El discípulo preferido del ministro alemán Schäuble fue derrotado y tuvo que reconocer que ya no puede imponer recortes en servicios públicos esenciales porque la sociedad española ni los acepta ni los soporta.

Compartir el artículo

stats