La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha pedido este martes al Ministerio que dirige Cristóbal Montoro que flexibilice la regla de gasto para las comunidades autónomas, pues ello permitiría a las arcas insulares disponer este año de unos 90 millones de euros más.

Esta petición se la ha trasladado la consejera canaria al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, durante la reunión que ambos han celebrado en Madrid y que ha servido, entre otras cuestiones, para preparar un próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, el cual podría celebrarse la semana que viene.

Tal y como estaba previsto, otra de las peticiones ha sido el abono a Canarias de los 219 millones de euros que derivan de la condonación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que el Gobierno insular solicitó en 2012 para pagar a proveedores.

Ese pago habría que hacerlo en estos meses, según ha puntualizado la responsable canaria de Hacienda en conferencia de prensa.

Para la consejera, y así se lo ha transmitido al secretario de Estado, es esencial que la flexibilización del techo de déficit anunciada hoy por el Gobierno -del 2,8 al 3,6 por ciento del PIB este año- permita sacar ventajas a las tres comunidades que han cumplido el objetivo de 2015: Galicia, País Vasco y Canarias.

Dávila ha dejado claro que la intención indiscutible del Ejecutivo insular es la consolidación fiscal, y por tanto "ir al déficit cero", pero también disponer de los ingresos propios.

Ello se traduciría en un aumento de los recursos para los presupuestos de este mismo ejercicio, y según ha cuantificado la consejera, se trataría de unos 90 millones de euros más.

A estos 90 millones citados, y a los 219 millones que corresponden a Canarias por el FLA de 2012, hay que añadir las mejores condiciones de financiación que resultarían de mantener el tipo de interés cero en los Fondos de Facilidad Financiera.

Igualmente, la consejera de Hacienda ha obtenido del Ministerio el compromiso de tratar como cuestiones prioritarias la flexibilización de los trámites aduaneros y simplificar la regulación del comercio electrónico.

En definitiva, Dávila ha expresado su satisfacción por la reunión que ha tenido hoy y por los compromisos que le ha comunicado el secretario de Estado de Hacienda, lo que ha corroborado su impresión de que por parte del Departamento que dirige Cristóbal Montoro existe una muy buena disponibilidad.

El contexto ha cambiado hoy mismo al avanzar el titular de Economía, Luis de Guindos, los nuevos porcentajes de cumplimiento de déficit, que aumentan sobre los fijados para el conjunto de las administraciones.

Al mismo tiempo, como adelantó Montoro la semana pasada, el Gobierno en funciones prepara un ajuste de 2.000 millones de euros que habrá de remitir antes de final de mes a Bruselas.

Un próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera tendrá que aprobar los nuevos techos de déficit de las comunidades, algo que la consejera no ha concretado porque a lo largo de su entrevista con Ferre no se ha abordado la cuestión con detalle.

A ese nuevo Consejo las comunidades que han cumplido el objetivo de déficit de 2015 acudirán con demandas comunes, y una de ellas será que la flexibilización de tales cifras les reporte una serie de ventajas, como el interés de tipo cero en el acceso a los mecanismos extraordinarios de financiación, algo que Hacienda tiene en estudio.

Sobre la reforma del modelo financiero de las autonomías, Dávila también ha hablado, y al igual que con Ferre, ha abogado ante los periodistas por particularizar el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, de modo que "no se confunda" con la cobertura de los servicios esenciales para los ciudadanos.

También ha señalado que Canarias ha designado a un experto de las islas para formar parte del grupo de trabajo que auspicia Hacienda para ir avanzando en un nuevo sistema de financiación; se trata del profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas Arturo Melián.

Por otro lado, la consejera ha reconocido que un Gobierno en funciones difícilmente puede diseñar siquiera las bases del nuevo modelo, pero ha destacado la importancia de este grupo de trabajo, cuyo plazo ha estimado en unos seis meses.