Los colegios oficiales de arquitectos de las Islas aprecian incompatibilidad en la actuación de Rafael Castellano, ya que consideran que, una vez que cesó en agosto de 2015 como gerente de la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan) se debía haber alejado dos años de toda actividad o asuntos que pudieran suponer un conflicto de intereses con su anterior cargo, que ejerció durante diez años.
El Gobierno de Canarias ha abierto una investigación para confirmar si Castellano se apropió de un proyecto de esta entidad para la rehabilitación del centro comercial Metro, en Playa del Inglés, y ofrece ahora una iniciativa idéntica a los propietarios del establecimiento. Además, desde el Ejecutivo se insiste en que Castellano está sujeto a la Ley de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que tras dejar el puesto no debe intervenir durante 24 meses en actividades o materias en las que haya participado con anterioridad.
El Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria está recabando también información sobre el proyecto en cuestión y los servicios jurídicos estudian si se vulnera la normativa sobre incompatibilidades. El decano, Vicente Boissier, llama a la prudencia, pero interpreta que, si Castellano oferta el mismo proyecto a través de su despacho privado, sí existe incompatibilidad.
Recordó que, con Castellano como gerente, Gesplan "se estaba extralimitando en sus funciones y eso desembocó en una competencia desleal tremenda en una época en la que no había mucho trabajo en la calle". Esto "levantó ampollas en el sector", pues, además, provocó el cierre de "muchos" estudios y empresas dedicadas al planeamiento, aseguró Boissier, que entiende que si Castellano está manejando "información privilegiada" tras su paso por Gesplan también eso es "competencia desleal".
Por ello, cree que Gesplan debe estar "vigilante" por si se está usando documentación o proyectos que le pertenecen para uso privado.
El decano del Colegio Oficial Interinsular de Arquitectos de Canarias (Coiac), Joaquín Mañoso, estima que para el exgerente de Gesplan "es incompatible trabajar en temas que puedan estar directamente relacionados con la labor" que estuvo realizando. "Aunque fuera compatible, que planteo mis dudas, no parece muy ético", alegó.
En este sentido, Mañoso señaló que hay que distinguir entre las limitaciones y obligaciones de carácter legal y la ética profesional. "Los arquitectos tenemos un código deontológico que respetar y no parece muy presentable que quien ha tenido las máximas responsabilidades en trabajos muy delicados, y a veces con unas técnicas y tácticas de implantación en el mercado como han sido las de Gesplan tremendamente agresivas, al cabo de pocos meses aparezca con proyectos con los que ha tenido una vinculación directa", manifestó.
En la misma línea se expresó el presidente de la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría de Canarias (Ainco), Agustín Roso, para quien "está claro que hay un conflicto de intereses" y acusó a Castellano de actuar como un "lobby" cuando dirigía Gesplan y ahora intentar hacer lo mismo a través de su despacho particular, al "utilizar sus influencias y tratar de asumir proyectos" que no ejecutó cuando dirigía la entidad pública.
Igualmente, acusó a Gesplan de "usurpar las funciones" de las empresas privadas de arquitectura y consultoría, al tiempo que denunció "oscurantismo" en esta mercantil. De hecho, Ainco ha solicitado varias veces a través de la Consejería de Política Territorial los convenios y encomiendas de gestión de Gesplan de los últimos cinco años. La organización sostiene que el Ejecutivo debe entregar esa información en virtud de la Ley de Transparencia. Sin embargo, debido a que se han incumplido los plazos de entrega de la documentación, Ainco baraja denunciar esta situación ante el comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Daniel Cerdán.
