La vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, ha anunciado que en junio o julio puede estar listo el borrador de la futura ley de Servicios Sociales porque, ha subrayado, el consenso social en esta normativa debe ser el paso previo al consenso parlamentario.

Patricia Hernández, que también es la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, dijo en la comisión parlamentaria del área que cuando culmine el proceso del borrador, a comienzos del verano, se presentará ante el Consejo General de Políticas Sociales y a partir de ahí comenzará el trabajo parlamentario en este ámbito.

Hernández respondió de esta manera a una pregunta sobre la cartera de servicios de discapacidad formulada por la diputada del grupo Popular Josefa Luzardo, quien reclamó a la consejera mayor concreción de fechas porque "hay 17.000 personas pendientes" de la evaluación del reconocimiento de la discapacidad.

Ello provoca que estén "sin derechos" a ayudas económicas, desgravaciones fiscales y acceso a una serie de servicios, añadió la parlamentaria, quien también dijo que casi el 50 por ciento de los perceptores de pensiones no contributivas lo hace por padecer algún grado de discapacidad.

Luzardo consideró que se podría trabajar de forma más ágil, recordó que la ley en vigor data de 1987 y por lo tanto debe adaptarse la nueva "a la realidad" y recordó que el compromiso del Gobierno regional era presentarla antes del 31 de diciembre de 2015 "y ya nos vamos a la misma fecha del año en curso".

La consejera detalló que la cartera de servicios en materia de discapacidad es parte del debate que se ha propuesto a las tres mesas que abordan el borrador de ley, una institucional -Gobierno, cabildos y ayuntamientos- otra con las asociaciones del sector y otra de colegios profesionales.

Al respecto, la diputada Josefa Luzardo preguntó por qué no puede disponer del borrador, cuestionó si no es el mismo que había presentado la anterior consejera del área, Inés Rojas, y dijo que si contase con ese documento podría trabajar de forma paralela ya que, aseguró, no tiene muy claro por que por dilatar el trabajo el resultado sea mejor.

Además en la misma comisión la consejera se mostró de acuerdo con la diputada de Podemos Natividad Arnáiz en que es necesario actualizar la ley de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación porque, aunque ha habido avances, éstos no son plenos y las nuevas normativas "superan" a la legislación canaria.

La ley ha conseguido remover los obstáculos que impiden la igualdad real y efectiva, hay una mayor conciencia social y también más movilización en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, que también encuentran mayor respuesta por parte de las administraciones, detalló.

Sin embargo, explicó la vicepresidenta canaria que la normativa "se nos ha podido quedar corta" en relación con las nuevas normas y tratados internacionales "que van un poco más allá proponiendo un enfoque integral" en este ámbito.

El Gobierno canario trabaja para poner en marcha medidas encaminadas a cumplir con el citado "enfoque integral como elemento de justicia social" y para ello estudia actualizar los reglamentos de la ley, añadió Patricia Hernández.

Para la parlamentaria de Podemos Natividad Arnáiz una actualización normativa no es suficiente y sería necesaria una nueva ley porque la que está en vigor, advirtió, además de obsoleta "no se cumple" y se siguen inaugurando obras que no son accesibles y los transportes públicos y privados en las islas carecen de rampas de acceso y de señalización acústica en muchos casos.