La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda, Patricia Hernández (PSOE), admitió ayer en el Parlamento que el borrador de la ley de servicios sociales no llegará a la Cámara regional hasta después del verano. La intención del Ejecutivo de lograr un texto que cuente con un amplio consenso social lleva implícito que el debate parlamentario se retrase al menos hasta octubre, con un año de demora sobre los plazos establecidos por el Gobierno.
En comisión parlamentaria y a pregunta del Grupo Popular, Hernández subrayó que se ha optado por que "el consenso social fuera paso previo al parlamentario", y remarcó que tras rectificar la posición inicial, los plazos se han fijado "entre todos" en el Consejo General de Políticas Sociales. Así, detalló que se está trabajando en tres mesas de trabajo -una institucional con el Gobierno, los cabildos y ayuntamientos, otra con las asociaciones del sector y otra de colegios profesionales- y cuando se tengan todos los documentos cerrados, en torno al mes de julio, se elevarán al Consejo.
La diputada del PP, Pepa Luzardo, reclamó en la comisión sin éxito que los grupos parlamentarios dispongan de un borrador sobre el que poder trabajar en paralelo y exigió a la consejera "más concreción" porque según los cálculos de su grupo, la ley entrará en la Cámara en octubre y no estará aprobada hasta final de año. "Septiembre, si es como usted dice, es un plazo muy amplio", advirtió.
Luzardo remarcó, en este sentido, que más de 17.000 personas en Canarias esperan por la certificación del grado de discapacidad, lo que les afecta en la búsqueda de empleo o el acceso a viviendas sociales y pensiones no contributivas. "Hay mucha gente esperando a que esta ley se elabore lo antes posible", insistió.
