La nueva Ley del Suelo que prepara el Gobierno de Canarias reducirá las competencias de la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan), que dejará de redactar planes de ordenación y tampoco ejecutará obras de ningún tipo. El anteproyecto de la norma restringe la misión de esta sociedad adscrita a la Consejería de Política Territorial, pues quedará prácticamente limitada a tareas de gestión. Con ello se pretende evitar que siga incurriendo en "competencia desleal" con arquitectos y otros profesionales vinculados al planeamiento en el Archipiélago, que llevan años quejándose del "monopolio" de esta entidad sobre el territorio.
Los operadores del sector -promotores, arquitectos, consultores e ingenieros, entre otros- culpan a Gesplan del cierre de numerosos estudios y oficinas y centran sus críticas en la actuación de su anterior gerente, Rafael Castellano, que fue destituido en agosto de 2015 tras diez años en el puesto. Era una persona de la máxima confianza del anterior presidente regional, Paulino Rivero, y del entonces consejero Domingo Berriel.
La gestión de Castellano al frente de Gesplan estuvo en el punto de mira, no sólo por el discutido uso de fondos públicos durante la crisis económica, sino también por sus "agresivas estrategias para acaparar el mercado", según profesionales perjudicados.
Tras su cese, Castellano trabaja como arquitecto en su despacho particular. El Gobierno canario ha comenzado una investigación para corroborar si se apropió de un proyecto de Gesplan para la transformación del obsoleto centro comercial Metro, en Playa del Inglés y plantea ahora una oferta idéntica a los dueños del establecimiento a través de su empresa Castellano Consultores. El Ejecutivo considera que el exdirectivo incumple el régimen de incompatibilidades de los miembros de la administración autonómica, ya que afecta también a los altos cargos de sus entidades mercantiles.
Con la llegada de Fernando Clavijo como jefe del Ejecutivo se apostó por un giro en Gesplan y fue nombrada como consejera delegada la jurista Beatriz Calzada, candidata de Coalición Canaria al Senado por Gran Canaria en las elecciones generales del pasado 20 de diciembre, pero no resultó elegida.
La nueva dirección de Gesplan ha manifestado su intención de dedicarse sólo a ser una empresa "de gestión, no redactar proyectos". Los operadores confían en que efectivamente eso sea así y se reconduzca la situación.
Dicho propósito queda reflejado en la ley que elabora el Ejecutivo para regular el suelo y que, de hecho, descentralizará en ayuntamientos y cabildos la ordenación del planeamiento.
Hasta ahora Gesplan hacía de todo. Recibía encomiendas tanto para ejecutar obras en carreteras como para redactar planes generales de ordenación de los municipios y todos los planes de modernización turística de las Islas, entre otros cometidos.
Sin embargo, eso se acabó. Eso es al menos lo que apunta el borrador de la nueva Ley del Suelo, cuyo proyecto el Gobierno autonómico confía en que pueda ser aprobado en julio para su posterior entrada en el Parlamento y quedar definitivamente aprobado a finales de este año.
El artículo 16 del anteproyecto se centra en las entidades instrumentales y señala que "las sociedades mercantiles no podrán realizar funciones que impliquen ejercicio de autoridad o requieran el ejercicio de potestades administrativas, salvo atribución expresa por Ley. En ningún caso podrán proceder directamente a la ejecución material de obras o la redacción de instrumentos de ordenación, salvo cuando quede acreditado que sea una opción más eficiente que la contratación pública".
Esta última "coletilla" requiere mayor definición, reclamó la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas, Salud Gil, quien entiende que el Gobierno debe ser "más preciso en el concepto jurídico". "Mientras menos indeterminación jurídica exista en la ley mejor", señaló la representante de la sectorial, quien supone que la excepción se prevé para casos en los que los ayuntamientos no tengan capacidad para elaborar sus planes de ordenación, no lo pueden sacar a concurso u otro tipo de "situaciones sobrevenidas". No obstante, insistió en que hay que concretar este punto.
Con todo, Gil subrayó que la inclusión de este párrafo en el texto normativo constituye "un hito porque es un reconocimiento tácito de que había un comportamiento que no era al menos regular y lo están regulando aquí". Destacó que "es un ejercicio de responsabilidad" al reducir las funciones de Gesplan, que "ha usurpado la actividad privada de manera desleal".
