La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha denegado a la juez de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, Ángeles Lorenzo-Cáceres, el amparo que había solicitado frente a opiniones críticas contra ella publicadas en Canarias Ahora. La magistrada se sintió atacada en su independencia por los comentarios vertidos en el diario digital en torno a la instrucción de la causa contra el ex director general del ente público Radiotelevisión Canaria Guillermo García Marchiñena, por presuntas adjudicaciones irregulares de contratos a productoras locales.
Lorenzo-Cáceres manifestó en el momento de su solicitud al órgano de gobierno de los jueces, a principios de diciembre del pasado año, que esas críticas suponían un ataque lesivo para ella y para la judicatura en general.
La magistrada acompañaba su solicitud de amparo de varias de las noticias publicadas en el periódico digital, que incluyen frases y expresiones como "jamás en la historia judicial de Canarias se había visto que una denuncia claramente política (?) pudiera subir como un suflé hasta límites kafkianos con la colaboración necesaria de la titular de ese Juzgado"; "jamás una instrucción judicial pudiera pudrirse hasta provocar la indefensión de los sospechosos" o "la providencia (?) es un claro ejemplo de mala praxis judicial y de absoluto disparate jurídico".
La comisión permanente del CGPJ, tras examinar el caso, concluyó el pasado jueves que las expresiones utilizadas por el medio "carecen de una justificación mínimamente razonable y son un exceso no justificado de crítica de las decisiones judiciales que no sólo comprometen el deber de respeto hacia las decisiones judiciales, sino que, además, transmiten a los ciudadanos una imagen distorsionada de la Justicia y del principio constitucional de separación de poderes, que ha de considerarse un principio constitutivo de nuestro sistema político y de convivencia". Pero con todo, "no resultan susceptibles de calificarse como influencia ni perturbación de la independencia judicial", señala en un comunicado.
En el conocido como caso Willy se investiga, en la causa principal, la supuesta contratación irregular de varios programas con los que García Marchiñena habría querido beneficiar a su mentor, Francisco Padrón; en paralelo la operación Gloria indaga si en la misma época el exjefe de Producción del ente, Rubén Fontes, extorsionó a responsables de varios ayuntamientos de la provincia de Las Palmas para favorecer a la productora Siete Mares S.L., una de las mayores beneficiadas por García y el propio Fontes en la televisión autonómica.
