Ante las informaciones publicadas este sábado, 23 de abril de 2016, por los periódicos El Mundo y LA PROVINCIA sobre un informe elaborado por el magistrado juez Salvador Alba Mesa, en funciones de sustituto del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, diputada de Podemos por Las Palmas y extitular de ese mismo órgano judicial, ruega sea publicada la siguiente réplica:
Estamos ante una querella política interpuesta ante el Tribunal Supremo por el exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria, que hace ocho días se vio obligado a abandonar todos sus cargos públicos y orgánicos en el PP al descubrirse que al menos durante un periodo de tiempo de su etapa política mantuvo abiertas empresas opacas en paraísos fiscales, y por mentir en sus explicaciones.
Su querella corrió desde el principio el serio riesgo de ser inadmitida por su falta de solidez, por la manifiesta falta de legitimación del querellante y por haberse fundado exclusivamente en recortes de prensa.
Desde que la Fiscalía del Tribunal Supremo interesó la inadmisión, llamando ya desde el principio la atención sobre información procesal de "ignota procedencia" (en realidad procedente de un primer informe del juez Alba), todo el esfuerzo del señor Soria se ha dirigido a llenar de contenido su querella, para lo que ha vuelto a contar con la actuación de la fiscala de Las Palmas Evangelina Ríos (que ya vio en marzo pasado cómo se declaraba ilegal una investigación suya contra la misma diputada) y de un juez, Salvador Alba Mesa, al frente ahora provisionalmente del juzgado.
Porque es el ex ministro Soria quien está detrás de todo este montaje.
Desde que la diputada anunció su candidatura, comenzó la cacería de Soria contra su rival electoral. Inicialmente fracasó cuando utilizó a la Fiscalía de Las Palmas, y ahora ha sumado al fango a un magistrado, que coadyuva a llenar de contenido una querella política que Soria se empeña en mantener ante el Supremo.
Cada vez que este juez hace un informe, y ya van tres, se filtra a la prensa o termina en manos de Soria, que lo añade a la querella que dirige como letrado el socialista Eligio Hernández.
Difundir este tipo de informaciones es una presión intolerable al Tribunal Supremo para que admita la querella del exministro, pese al rotundo informe contrario de la Fiscalía de Sala. Si ya fue grave que siendo ministro José Manuel Soria se aprovechara en campaña electoral de la actuación de la Fiscalía para activar y difundir una investigación que se declaró ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, resulta del todo inadmisible que un juez entre ahora en ese mismo juego, por muy admirador del ex ministro que sea y por mucho que desee ostentar cargos judiciales con el apoyo del PP, hasta ahora sin éxito alguno.
Todos los informes sobre el caso que se atribuyen al juez Alba y se han filtrado a la prensa contienen afirmaciones falsas. Su autor es parcial, porque defiende su investigación y con ella pretende descalificar la de su antecesora.
Entre otras falsedades, es incierto que la causa estuviera paralizada: no sólo la instruía la jueza Rosell, sino también un juez de refuerzo solicitado por ella precisamente para este expediente. Es falso que la fiscala Ríos solicitara ni una sola vez una fianza, al menos hasta octubre de 2015 en que la magistrada Rosell dejó el juzgado. La solicitó una acusación particular, y si no se impuso antes fue porque había que esperar a liquidar la deuda tributaria y no hacerlo a ojo. La fianza civil tiene que guardar relación con la cuota defraudada y la necesidad de asegurarla. Alba presume en sus informes de haber impuesto al investigado por fraude fiscal una fianza de 35 millones de euros, que él mismo rebajó a los pocos días a 17, y en realidad varios meses después aún no se ha depositado ni un euro porque está pendiente de recurso y no se ha exigido al investigado.
También es falso que no se ordenara dar traslado a las partes de una documentación presentada en un pendrive. Existe una providencia de 30 de julio de 2014 que así lo demuestra.
Si existiera un folio en blanco en la causa, ni es responsabilidad de la magistrada instructora ni tiene trascendencia jurídica alguna, como se ha tratado de hacer ver maliciosamente.
En medio de toda esta estratagema para echar fango sobre una adversaria política, los actores están poniendo en peligro la investigación por presunto delito fiscal que la magistrada (hoy en servicios especiales) dirigía y en la que no había ni retrasos imputables al juzgado, ni todos los conflictos que han surgido ahora.
La actuación del juez Alba y las continuas filtraciones a la prensa tendrán su cumplida respuesta en una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial que será registrada el próximo lunes, sin perjuicio de las demás acciones que puedan asistir en derecho a la víctima de esta campaña.
