Victoria Rosell denunciará al juez Salvador Alba ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por considerar que no solo pone en peligro la causa abierta por fraude fiscal contra el dueño del Grupo Ralons y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, sino que intenta presionar al Tribunal Supremo (TS) para que abra una causa penal contra ella.
La diputada de Podemos y juez en excedencia considera que Alba -el magistrado que la sustituye en el Juzgado de Instrucción número 8 de las Palmas de Gran Canaria tras haber dado el salto a la política- actúa en connivencia con el exministro José Manuel Soria y responsabiliza a ambos de la filtración a varios medios de comunicación, entre ellos LA PROVINCIA /DLP, del duro informe en el que se califica de "inexplicable" el retraso que sufrió la investigación a Seguridad Integral Canarias -propiedad de Ramírez- en el tiempo en que Rosell fue la instructora. Alba asegura que en un año, entre julio de 2014 y mayo de 2015, apenas se resolvió una providencia y se atendió a la Fiscalía en un recurso de reforma interpuesto un año antes. Y ello aun cuando, entre esos meses, se presentaron escritos de ampliación de la querella, una solicitud de fianza, varias diligencias solicitadas por las acusaciones e informes de la policía que, señala, se unieron al procedimiento "sin sello ni registro alguno". Ha sido desde que él tomara las riendas del caso cuando se han tomado en consideración "numerosas solicitudes" y, dice, acordado varias diligencias que estaban paralizadas.
Desde el punto de vista del juez existen "irregularidades procesales y materiales" en un procedimiento -abierto en enero de 2014- cuya duración considera "difícilmente explicable".
El informe fue solicitado por el TS el pasado 13 de abril con el objetivo de dilucidar si hay pruebas suficientes para admitir o no a trámite la querella interpuesta por Soria contra Rosell durante la última campaña electoral, en la que ambos fueron cartel por sus respectivas fuerzas políticas en la circunscripción de Las Palmas. El entonces dirigente popular -el viernes día 15 renunció a todos sus cargos políticos y orgánicos tras aparecer en los papeles de Panamá- atribuye a Rosell delitos de prevaricación, retardo malicioso y cohecho que tendrían su origen en las relaciones empresariales y comerciales de Ramírez con la pareja de la juez, el periodista y director de Canarias Ahora Carlos Sosa.
De hecho, fue el propio empresario, en su última declaración judicial, el que relató, de una parte, que hasta 2011 financiaba con préstamos los proyectos periodísticos de Sosa y, de otra, la cesión por 300.000 euros de una licencia de FM a UD Radio adjudicada a Sosa por el Gobierno de Canarias. Ese último contrato fue firmado a finales de octubre, días después de que Rosell obtuviera del órgano de gobierno de los jueces la preceptiva excedencia .
Ante la luz de las informaciones publicadas en varios medios de comunicación el Supremo requirió al magistrado que ahora instruye el caso un relato de "todos los extremos que hayan resultado determinantes del actual estado de las actuaciones, con indicación de las vicisitudes e incidencias que hayan podido afectar a la duración del proceso", según ordena el presidente de la Sala de los Penal de TS en un auto.
En su defensa Victoria Rosell tacha de falsas y parciales las "afirmaciones" de Alba. Entre otras cosas, niega que la causa estuviera paralizada ya que además de ella otro juez de refuerzo se encargaba también de la instrucción; desmiente que la fiscal solicitara una fianza de responsabilidad patrimonial para Ramírez mientras ella estuvo al frente del juzgado y asegura que quien lo hizo fue una acusación particular y si no se determinó una cantidad fue porque "había que esperar a liquidar la deuda tributaria y no hacerlo a ojo" -Alba acordó a las pocas semanas de llegar al juzgado una fianza de 35 millones de euros que después se rebajó a 17-; tilda igualmente de falso que su inacción impidiera, como asegura su sustituto, dar traspaso a las partes de una documentación aportada por el administrador de Seguridad Integral Canarias, Héctor de Armas, en su declaración judicial. En ella Alba ha hallado documentos que relacionan al grupo Ralons con Clan de Medios, la empresa con la que opera la pareja de Rosell.
Para la parlamentaria, este es un nuevo capítulo en la batalla que emprendió Soria contra una adversaria política. Una "cacería", subraya, para la que Alba no ha dudado en entrar en el "juego".
