Nueva Canarias sostiene que la Sociedad de Garantía Recíproca AvalCanarias está abocada, a medio plazo, a su disolución, lo que pone en riesgo el tejido productivo de las Islas al afectar a la viabilidad de numerosas pequeñas y medianas empresas (pymes), autónomos y profesionales avalados.

La diputada Esther González tilda de "inadecuado" el modelo de gestión de la entidad, dominada y manejada por sus socios de Tenerife y el Gobierno de Canarias, toda vez que en ocho meses de actividad ha entrado en unas pérdidas que rondan los 500.000 euros.

Tras la fusión en febrero de 2015 de las dos sociedades de garantía recíproca de Canarias Sogarte de Santa Cruz de Tenerife y Sogapyme de Las Palmas para constituir AvalCanarias, en la que el Gobierno canario dispone de un elevado porcentaje de acciones, en opinión de Esther González "no han cesado los problemas hasta llegar al momento actual en el que la continuidad de esta sociedad está en el aire".

El abril del pasado año se retiraron los representantes de Sogapyme y los cargos directivos de AvalCanarias quedaron en manos de los portavoces de los empresarios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y del Gobierno de Canarias. Sogapyme tenía más de 160.000 euros de beneficios en el momento de las fusión mientras que Sogarte aportó algo más de 60.000 euros de pérdidas. La diferencia, explica González, estaba en el modelo de gestión y en la estructura salarial de ambas sociedades.

Para Esther González, las pérdidas de AvalCanarias se deben a la "inadecuada" gestión, "manejada" por los socios mayoritarios de la provincia occidental y los representantes gubernamentales, basada en la aceptación de operaciones de dudosa viabilidad, entre otras decisiones. Además del incremento del coste del personal de la sociedad en unos 150.000 euros.

Con estos resultados negativos, la sociedad de avales de Canarias, augura, "está abocada a desaparecer y con ello se pon en riesgo el tejido productivo de las Islas".

La diputada llevará mañana este problema al pleno del Parlamento a través de la comparecencia solicitada a la consejera de Hacienda, Rosa Dávila.