Una parte destacada de los ayuntamientos y cabildos del Archipiélago no cumplen aún con los requisitos de transparencia y acceso a la información establecidos en las leyes estatales y autonómicas. Hay todavía 26 corporaciones municipales de las 88 que hay en las Islas que no disponen de portal de transparencia y sólo 27 cumplen con todas las condiciones que establece la norma. Eso, cuatro meses después de que expirara el plazo de dos años que se estableció para que pudieran adaptarse y volcar luz sobre la gestión pública.
Desde diciembre en las webs municipales tienen que poder leerse de forma clara y entendible para la ciudadanía, por ejemplo, los presupuestos, los salarios de los altos cargos y sus declaraciones patrimoniales, los contratos, licitaciones y subvenciones que conceden o reciben o el inventario de inmuebles. Sin embargo en la mayoría de los casos no es así. La Federación Canaria de Municipios (Fecam) admite que la ley les viene "grande". La mayoría de los municipios isleños, con una población inferior a los 20.000 habitantes, no dispone de medios humanos ni técnicos para ponerse al día.
El comisionado de Transparencia e Información Pública de Canarias, Daniel Cerdán, remitió recientemente a todos los alcaldes y presidentes de cabildo un cuestionario intensivo con 254 referencias e ítems para que las corporaciones respondieran si están reflejados en sus portales y páginas web. Solo 27 ayuntamientos y cuatro cabildos respondieron correctamente. El cuestionario del comisionado pretende evaluar el cumplimiento de todas las obligaciones informativas incluidas en la Ley de Transparencia.
Primer informe
Por lo que se refiere a la Comunidad Autónoma, la asignatura pendiente se encuentra no tanto en el Gobierno regional, cuyo portal de transparencia es uno de los más avanzados del Archipiélago, como en el sector público dependiente del mismo, es decir, las entidades, consorcios, fundaciones y empresas que cuentan directa o indirectamente con el control del Ejecutivo regional. De los 81 organismos y entidades sólo 11 han respondido a todos los requisitos demandados por el comisionado.
Cerdán presentará a principios de mayo su primer informe al Parlamento tras cumplir su primer año en el cargo. Aunque la evaluación dista de contener un diagnóstico que refleje el buen cumplimiento de las leyes estatal y canaria para el buen gobierno, Cerdán se muestra relativamente satisfecho por los "avances" que se han logrado teniendo en cuenta las dificultades añadidas que está suponiendo para las corporaciones locales poner al día toda la información, contar con los técnicos adecuados y volcar los datos en los portales para que todos los ciudadanos puedan acceder a los mismos sin dificultades.
Un síntoma de la lentitud con la que las administraciones públicas se están adaptando a esta ley es que la aprobada en 2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos termina su vigencia el próximo mes de octubre y, tras nueve años, no se ha cumplido al 100%. Según Fecam el 86% de los ayuntamientos tiene implantado un sistema de gestión electrónica de expedientes que posibilita su correcta gestión y consulta, en el 14% restante todavía hay cuestiones por resolver.
"La Ley de Transparencia nos queda grande cuando aún en muchas administraciones los procedimientos no son los adecuados". De esta forma se pronuncia la presidenta de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica de la Fecam, Dunia González. La alcaldesa de Santa Lucía de Tirajana recuerda que el 70% de los municipios carece medios propios para cumplir con todas las exigencias. Esta insuficiente capacidad económica y de gestión es asumida en muchas ocasiones por los cabildos.
De esta forma, el mapa de Canarias es de unos municipios que avanzan con paso firme en la administración electrónica y que ponen a disposición de los ciudadanos toda la información y los trámites de forma ágil y eficaz, mientras que otros apenas están empezando.
González puntualiza que la Ley de Transparencia estatal y las autonómicas que han venido después, entre ellas la canaria, se aprobaron en el marco de los numerosos casos de corrupción que han aparecido en los últimos años. "El portal en sí mismo no significa que vayamos al cambio deseado porque el control de la gestión pública siempre debió ser transparente, inspeccionado y controlado por los diferentes medios que existen para ello", añade la regidora grancanaria.
Sin recursos
Un aspecto esencial para los ayuntamientos es contar con el apoyo económico, humano, en formación y recursos necesarios para desarrollar la ley y los portales de transparencia de forma autónoma y eficaz. Sin embargo, esto no ha sucedido así, según González, porque, entre otras cosas, la Ley de Racionalización de la Administración Local impide contratar más personal para poder implementar el acceso a la información pública, simplificar los trámites e invertir en nuevos medios telemáticos que faciliten la labor.
El abogado Juan Carlos Melián, experto en Transparencia, confirma que, en líneas generales, hay muchas entidades, instituciones y organismos públicos en Canarias que aún están "en pañales" en materia de buen gobierno y acceso a la información por parte de los ciudadanos. En su opinión, "hay que mantener un proceso que necesita generar la información para volcarla de forma automática, en una digitalización que aún no está desarrollada". No obstante advierte que por mucho que corran las administraciones públicas la "brecha digital" es todavía un lastre en Canarias porque no todos los ciudadanos cuentan con fibra óptica que les dé rapidez para acceder a las webs de sus ayuntamientos o cabildos.
Otro hándicap que detecta el jurista es que no existen suficientes campañas e incentivos desde las administraciones para animar a la participación ciudadana. "En el Gobierno abierto hay que ganarse a los ciudadanos, no se puede culpabilizar a la población porque no participe o se preocupe lo suficiente, al contrario, hay que ganarse su confianza e incentivarles como sucede en otros países como Chile", afirma Melián.
Otro aspecto que subraya el abogado tinerfeño es la necesidad de un "cambio de mentalidad" en los políticos pero, sobre todo, en los funcionarios a la hora de organizar y facilitar la información para que sea de acceso libre y sencillo para la ciudadanía.
