26 de abril de 2016
26.04.2016

La fiscal del 'caso Arona' calcula que la red corrupta otorgó 200 licencias ilegales

Solo falta de que las defensas de los 13 procesados presenten sus conclusiones en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa de Tenerife

26.04.2016 | 01:02

El primer macrojuicio por corrupción de Canarias ha llegado a su recta final. Solo falta de que las defensas de los 13 procesados presenten sus conclusiones en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa de Tenerife para que la causa quede vista para sentencia. Durante más de dos meses, los investigados y decenas de testigos declararon ante la Sala para que ahora los tres magistrados valoren si realmente existió en Arona una presunta trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de licencias. La Fiscalía y la acusación particular lo tienen claro, y así lo pusieron de manifiesto ayer cuando solicitaron penas de prisión para los encartados al considerar acreditada la comisión de distintos tipos de delito. Mientras que la acusación limita su petición para los supuestos cabecillas de esa red, el Ministerio Público señala a todos los encausados. Entre los argumentos que expuso, resalta el que tiene que ver con los siete políticos que formaron la Junta de Gobierno de Arona entre 2003 y 2007, ya que ve indicios de que vulneraron la ley para beneficiar a empresas "fuertes" del municipio.

De acuerdo a su escrito, fueron más de 200 las licencias ilegales que dieron a través de la Junta el exalcalde José Alberto González Reverón y los otros seis antiguos ediles -Félix Sierra (PP), Manuel Barrios (CAN-CCN), Daniel Martín (CAN), Juan José Alayón (de CC por aquel entonces), José Luis González (CAN) y el también nacionalista Alfonso Barroso-.

La fiscal María Francisca Sánchez defendió ayer ante el tribunal que todos ellos, a través de ese órgano municipal, acordaron dar las autorizaciones "sistemáticamente" y con "arbitrariedad". El objetivo de este proceder, según ella, ni siquiera era "legalizar la casita de autoconstrucción hecha por un vecino para tener donde cobijarse", sino "favorecer a empresas fuertes".

Intereses potentes

La fiscal fue rotunda a la hora de afirmar que en ninguna de las más de 200 esas licencias se habla de gente "humilde", sino de "intereses más potentes", de ahí que los siete políticos procesados dieran luz verde a los permisos a pesar de ser "plenamente conocedores" de los informes desfavorables que emitieron los juristas del Ayuntamiento. De acuerdo a su teoría, los dos antiguos funcionarios que se sientan en el banquillo por el caso Arona eran una pieza fundamental para este modus operandi, no solo porque se encargaban de emitir un informe favorable para justificar las autorizaciones sino porque el Ministerio ve acreditado que ambos, junto a otras dos personas, constituyeron una presunta trama para el cobro de comisiones ilegales.

Según su relato los cabecillas de la red fueron Eliseo de la Rosa (exarquitecto municipal), Roberto de Luis (aparejador del Ayuntamiento) y Félix Sierra (concejal de Urbanismo entre 1999 y 2003). La fiscal sostiene que los tres urdieron ese complot para cobrar dinero a promotores a cambio de agilizarles las licencias para sus proyectos. El encargado de pedir las mordidas a los privados era el empresario Arsenio Zamora, el décimo de los 13 procesados en esta causa.

La Fiscalía pide para los 13 investigados 47 años de prisión, 191 de inhabilitación especial para los funcionarios y políticos y el pago de 27,7 millones de euros en multas. La mayor pena de cárcel recae precisamente en las cuatro personas que integraron esa presunta trama para el cobro de comisiones ilegales.

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