La Federación Canaria de Municipios (Fecam) presentó ayer un documento con 200 alegaciones al anteproyecto de ley del suelo con el que apoya este borrador que considera "valiente" y "clarificador" aunque propone redefinir algunos conceptos. En dicho documento, la Fecam defiende la continuidad de la Cotmac como órgano decisorio, pero definiendo sus ámbitos competenciales para que sea realmente un órgano "asesor y orientador" y no de "bloqueo y desconfianza permanente como ha ocurrido en los últimos años", según dijo Pedro Martín, alcalde de Guía Isora y presidente de la Comisión de Política Territorial de la Fecam.
Martín advirtió de que la Fecam es una institución "plural", con "diversidad de opiniones", y destacó el acuerdo alcanzado para que la Cotmac continúe emitiendo informes "preceptivos y vinculantes", siempre que el órgano se redimensione. "Queremos que se definan los ámbitos competenciales que tiene cada administración y no queremos que la Cotmac sea un elemento de bloqueo y desconfianza hacia los municipios, como ha ocurrido en los últimos años".
Reuniones con los grupos
El alcalde de Guía de Isora hizo estas declaraciones en el Parlamento, donde presentó el citado documento y anunció que se reunirá con los diferentes grupos de la Cámara regional a lo largo de esta y la próxima semana. El regidor estuvo acompañado de los tres técnicos que han elaborado las alegaciones: Jorge Coderch, Juan Manuel Padrón y Javier Domínguez Anadón.
Pedro Martín señaló que aunque el documento contiene 200 alegaciones, divididas en tres bloques distintos, no todas son contrarias al borrador. Muchas están de acuerdo con su filosofía, pero pretenden mayor claridad o precisión en algunos conceptos y reconsiderar varios aspectos.
El representante de la Fecam subrayó la necesidad de contar con un reglamento para aplicar la ley. De lo contrario, "se queda coja". Así, aseguró que hay experiencias en el pasado de leyes que no tuvieron reglamento y que han acabado sometidas a una interpretación variada de quien tenga las competencias.
Martín añadió que es necesario que la futura ley incorpore un procedimiento de resolución de conflictos competenciales. En este sentido, la Fecam propone una alternativa para resolver las posibles controversias entre ayuntamientos, cabildos y Gobierno regional. Señaló, en el caso de conflicto entre un ayuntamiento y un cabildo, que sea la administración autonómica la que resuelva, mientras que si la controversia se produce entre una corporación insular y la administración de la Comunidad Autónoma, que sea el Gobierno regional el que decida.
En el tercer bloque del documento se exponen las alegaciones "más técnicas", con definiciones que los ayuntamientos consideran que deben ser "clarificadas", se proponen "nuevas categorías" y se plantean "matizaciones" a determinados artículos del borrador.
La Fecam está de acuerdo con que los ayuntamientos aprueben de forma definitiva los planes generales. Eso "favorece la agilidad en la tramitación" y se aspira a una "simplificación que evite cargas, trámites y duplicidades", así como que en el ámbito de exclusiva competencia municipal los ayuntamientos puedan hacer evaluaciones ambientales.
Respecto a los asentamientos rurales, la Fecam solicita una "clarificación", que en los planes insulares los cabildos tengan en cuenta a los ayuntamientos y que los informes de éstos sean vinculantes, porque eso "ayuda a dar seguridad jurídica y gestionar con mayor eficacia".
