El Consejo Rector de la Radiotelevisión Canaria (RTVC) aprobó ayer el nombramiento de la periodista Daida Rodríguez como nueva directora de Relaciones Institucionales del ente público. Santiago Negrín, presidente del Consejo Rector, había defendido la incorporación de la periodista en la reunión que este órgano celebró a principios del mes de abril. Sin embargo, su propuesta fue rechazada entonces con los votos en contra de los otros dos consejeros, María Lorenzo y Alberto Padrón.
Lorenzo rechazó el nombramiento de Daida Rodríguez en aquella reunión del 4 de abril porque, tal y como recoge la ley de la RTVC, para cubrir este tipo de puestos de "confianza" debe accederse por medio de un procedimiento que contempla una serie de circunstancias. La consejera argumentó que faltaba el informe jurídico que acreditase que dichos criterios se cumplían para llevar a cabo la contratación y por ello emitió su voto negativo.
Por su parte, Alberto Padrón rechazó la propuesta al considerar que la situación económica de la Televisión Pública Canaria no era la más idónea para llevar a cabo este tipo de contrataciones de libre designación.
Sin embargo, en la reunión celebrada ayer se presentó dicho informe, redactado y firmado por la secretaria accidental del Consejo Rector, en el que "se justificaba la libre designación que corresponde a este puesto de confianza a propuesta de Santiago Negrín". Ante este nuevo hecho, tanto Lorenzo como Padrón, y el propio Negrín, votaron a favor de dicho nombramiento. Lorenzo lo hizo porque ya existía el correspondiente informe que avalaba la decisión mientras que Alberto Padrón reveló en dicha reunión que cambiaba de parecer porque "tras haber mantenido algunas conversaciones" con el presidente del Consejo Rector entre una y otra reunión de este órgano, el propio Negrín le había indicado la "necesidad" de contar con una persona que se hiciera cargo de las Relaciones Institucionales de la RTVC.
También se acordó en esta última reunión el nombramiento de la secretaria del Consejo Rector. El puesto será ocupado por una funcionaria, letrada de la Comunidad Autónoma y especialista en contratación pública, y que estaba asignada a la Dirección General de Patrimonio.
