"La última palabra la tengo yo". La diputada de Podemos por Las Palmas y juez en servicios especiales Victoria Rosell duda sobre si presentarse o no a las próximas elecciones generales tras la disolución de las Cortes prevista para el 2 de mayo. En apenas unas horas Rosell ha pasado de delegar la responsabilidad de repetir como candidata a la resolución que adopten los órganos internos del partido a circunscribir su participación en los comicios a una decisión personal que aún no ha hecho pública. "Es una decisión que dejo en manos de Podemos", declaró el miércoles. "La última palabra la tengo yo", corrigió ayer.
Al menos hasta ayer la formación morada seguía arropando a Rosell y quiere que concurra de nuevo como candidata. El respaldo y el apoyo es unánime. La juez, en cambio, no lo tiene tan claro porque no se juega tanto su futuro político como su carrera judicial. Está a las puerta de ser imputada después de que el Tribunal Supremo decidiera investigarla por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y retardo malicioso. Y ahora depende de en qué tribunal acabe el caso. Tras darse de baja en la Diputación Permanente del Congreso -cuyos diputados son los únicos que se mantienen como aforados hasta la constitución de las nuevas Cortes- Rosell ha ganado tiempo. Se libra, por el momento, de ser citada por el juez instructor del caso en el Supremo, Juan Ramón Berdugo, considerado por Rosell como un magistrado hostil a sus intereses ya que pertenece al sector conservador de la judicatura. Ella ocupó hasta poco antes de dar su salto a la política la portavocía en el Archipiélago de la asociación progresista Jueces por la Democracia.
Tras renunciar a su condición de aforada y diputada Rosell espera encontrar en el Tribunal Superior de Justicia -una vez remitido el caso a Canarias- más comprensión a su defensa para librarse de una imputación que mancha su expediente y frena su carrera política en Podemos, cuyo código ético veta a los imputados en las listas y obliga a abandonar los cargos públicos. "Esta renuncia supone ir al tribunal ordinario que me corresponde como la persona que era en el momento sobre el que me quieren preguntar si cometí alguna irregularidad", admitió el miércoles.
Si se presenta de nuevo en las listas de Podemos y sale elegida el caso retornará al Supremo, tribunal que quiere esquivar Rosell. De ahí sus dudas sobre si presentarse o no.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, dejó claro ayer, no obstante, que la formación aplicará con toda "rigurosidad" su código ético si después de que la diputada declare "hay un hecho constitutivo de delito". Sólo Juan Carlos Monedero expresó, durante una conferencia en Santa Cruz de Tenerife sin ambages su opinión de que Victoria Rosell debe ser candidata de nuevo porque lo que se está produciendo es un "juicio político".
Código ético de Podemos
El código ético de Podemos establece el compromiso de los cargos públicos y orgánicos del partido a renunciar a los mismos en caso de ser imputado, procesado o condenado por las faltas y delitos que se determinarán por la comisión de derechos y garantías y que, en cualquier caso, incluirán siempre los delitos de corrupción, económicos, acoso sexual, violencia de género, pederastia y maltrato infantil, contra los derechos de los trabajadores, ecológicos y urbanísticos. También la imputación acarrea renunciar a cualquier tipo de candidatura.
Calendario
Será a partir del lunes, 2 de mayo, cuando comenzará el calendario electoral de cara a los comicios del 26 de junio y, a la misma vez, los plazos para que Rosell solicite al Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) la reincorporación a su plaza de magistrada titular en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria. El lunes se disuelven las Cortes y el martes se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el decreto de convocatoria de elecciones generales en cumplimiento de lo estipulado en la Constitución. La publicación de las candidaturas termina el 23 de mayo.
Rosell dejará de ser aforada una vez disuelto el Congreso al renunciar a formar parte de la Diputación Permanente. A partir del martes día 3 la aún diputada de Podemos tendrá diez días hábiles para solicitar al CGPJ su reincorporación al encontrarse de excedencia. El órgano de gobierno de los jueces tramita este tipo de peticiones semanalmente y en un plazo máximo de 20 días Rosell deberá iniciar de nuevo su labor en el juzgado, lo que puede coincidir con el cierre de las listas.
Diputación Permanente
La Diputación Permanente es el órgano que asume las competencias del Congreso una vez que la Cámara Baja se disuelve por una convocatoria electoral. Está formada por un mínimo de 21 miembros de todos los grupos políticos en función de la representación obtenida en los comicios y la preside el presidente de la Cámara. Los diputados de la Diputación Permanente conservan todas las facultades inherentes a su cargo, entre ellas el aforamiento, por lo que aquellos parlamentarios que no formen parte de la misma dejan de tener este privilegio. Este órgano representantivo del Congreso y del Senado inicia su labor el día en que se convocan las elecciones y finaliza cuando se constituyen las Cortes que, en este caso, será el 20 de julio.
Nombramiento de Vallejo
La petición de Rosell de volver a su puesto de trabajo coincide con el nombramiento por parte del CGPJ de la jueza Carla Vallejo para sustituirla al frente del Juzgado hasta que ésta se incorpore. Vallejo finaliza hoy su trabajo en Telde, donde era titular del Juzgado de Instrucción número 3, y tiene 20 días para incorporarse a su nuevo destino una vez que ayer salió publicado su traslado en el BOE.
Se da la circunstancia de que esta resolución llega cuando Rosell ha decidido dejar el Parlamento y volver al juzgado. De esta forma la principal perjudicada de esta situación es Carla Vallejo, que se presentó al traslado en el concurso convocado por el CGPJ y publicado en el BOE el pasado 11 de febrero. Dos meses y medio después es cuando se ha aprobado esta convocatoria y la coincidencia de ambas juezas supondrá que Vallejo se quede en condición de adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Desde la salida de Rosell hasta ahora ha ocupado el Juzgado Salvador Alba, juez con el que ha pugnado desde el primer momento debido a la instrucción realizada por ésta en la causa contra el empresario Miguel Ángel Ramírez.
Aforamientos distintos
Cuando Rosell se incorpore a su Juzgado seguirá siendo aforada por su condición de magistrada en ejercicio, pero los niveles de aforamiento de los políticos y los jueces son diferentes. Los diputados y senadores a Cortes tienen un elevado nivel de protección e inmunidad ya que sólo les puede juzgar el Tribunal Supremo, según la legislación vigente. También en este máximo nivel se encuentran los dirigentes de la cúpula judicial, es decir, los presidentes del Supremo, Constitucional, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y los magistrados miembros de los mismos. Sin embargo, los jueces y fiscales son enjuiciados por los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y sólo por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de su labor judicial. Se trata más de una garantía que de un privilegio para evitar la "contaminación" procesal, es decir, que no les investigue el compañero de al lado que, muy probablemente, puede estar influenciado por amistad o enemistad.
El proceso del Supremo
La estrategia de Victoria Rosell a partir de la próxima semana supondrá que el Tribunal Supremo debe trasladar la causa abierta contra la magistrada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Fuentes del Alto Tribunal confirmaron ayer que no hay un plazo tasado para que la instrucción iniciada por la Sala de lo Penal se traslade en un tiempo determinado al máximo órgano judicial de las Islas. Será a partir del lunes cuando la Sala tendrá que comprobar que Rosell deja de estar aforada al disolverse el Congreso y no figurar en la Diputación Permanente. El Supremo cuenta con un listado de los aforados que están en alguna causa y esta relación se actualiza cada vez que hay disolución de Cortes o procesos electorales.
Sin embargo, las fuentes consultadas añadieron que ha habido casos en que el proceso abierto se ha suspendido a la espera de si el afectado puede volver a aforarse de nuevo. Por ello, desde el Alto Tribunal no se descarta una suspensión temporal de la causa abierta contra Rosell hasta comprobar si concurre o no a la cita electoral del 26 de junio, ya que el cierre de las candidaturas se producirá el 23 de mayo. Sin embargo, este no es el escenario contemplado por la magistrada, cuya intención al renunciar a la Diputación Permanente es poder declarar y presentar un escrito de pruebas en el TSJC cuanto antes para evitar la imputación formal. De esta forma también Rosell esquiva al instructor de la causa, Juan Ramón Berdugo, perteneciente al ala dura de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y conocido porque fue uno de los magistrados que juzgaron a Baltasar Garzón y terminaron por apartarlo de la carrera judicial.
Situación procesal
Victoria Rosell no está aún formalmente imputada o investigada, como se dice ahora tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El auto de la Sala de lo Penal conocido el martes estima la admisión a trámite de la querella presentada por el exministro José Manuel Soria en la que se la acusa de tres presuntos delitos cometidos en el ámbito de sus actuaciones en la causa abierta contra el empresario Miguel Ángel Ramírez. Las acusaciones de Soria por injurias y calumnias han sido desestimadas por el Supremo. Es el juez instructor el que, a la vista de los indicios y las pruebas, decide si imputa o no a Rosell, que también debe ser llamada a declarar.
Defensa y quejas
El proceso en el que se ha visto envuelta Victoria Rosell ha sido un permanente toma y daca entre jueces y políticos cuyos protagonistas principales han sido, además de la propia Rosell, el exministro José Manuel Soria, el juez Salvador Alba y los fiscales Guillermo García Panasco y Evangelina Ríos. La aún diputada de Podemos por Las Palmas ha reiterado en su defensa que se trata de una "causa política" del exlíder del PP contra ella y su pareja, el periodista Carlos Sosa, mezclada con la "animadversión" hacia ella de Alba, García Panasco y Ríos. En el trasfondo, la instrucción llevada a cabo por Rosell en una causa abierta contra el empresario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. La investigación abierta por el Supremo llega a pesar de que tanto la Fiscalía del Alto Tribunal como el CGPJ pidieron el archivo.
Escenario político
La papeleta es complicada tanto para Rosell como para Podemos ya que el calendario procesal de la causa se entrecruza con los plazos tasados del proceso electoral que se abre el lunes. Puede darse el caso de que una posible imputación de la magistrada llegue cuando ésta sea ya candidata para la cita electoral del 26-J. En este caso entraría en escena el código ético del partido y tendría que dejarlo, aunque Rosell está convencida de que no será investigada cuando preste declaración y presente un escrito con pruebas para rebatir al juez que ha abierto las diligencias sobre tres presuntos delitos.
