Las Cortes echan el cierre a la llamada legislatura non nata y con ello frustran el desarrollo de la amplia agenda sobre Canarias que los gobiernos regional y central tenían sobre la mesa desde hace varios meses. La imposibilidad de acabar con el actual gobierno en funciones del PP y de Mariano Rajoy tras las elecciones del 20-D mantiene paralizada la vida política y administrativa, y deja en el limbo de los ministerios las muchas medidas anunciadas, o en disposición de ser negociadas, para los próximos años. Son aspectos vitales para el impulso de la economía del Archipiélago, la creación de empleo, o la mejora de las condiciones de vida de los canarios que deberán esperar a los resultados de unas nuevas elecciones el 26 de junio. Es así, paradójicamente, cuando mayor ha sido la productividad parlamentaria en relación con temas canarios, pues en tan sólo tres meses de legislatura efectiva, más de una decena de propuestas sobre el Archipiélago se han aprobado en Congreso, y alguna más en el Senado.
En todos los casos se trata de propuestas a través de Proposiciones No de Ley (PNL) que, con Gobierno o sin él, no tienen efectividad legislativa y se limitan a "instar" o reclamar el Ejecutivo de turno la adopción de determinadas medidas. Sin embargo, el hecho de que muchas de ellas se hayan aprobado por unanimidad o, cuando menos, con el apoyo de partidos que necesariamente condicionarán al próximo gobierno, sea del color que sea, pueden interpretarse como "mandatos políticos" para el Ejecutivo que salga tras las nuevas elecciones. Eso en el caso de que para entonces las fuerzas políticas sí consigan algún tipo acuerdo de gobernabilidad que no se ha logrado tras el 20-D.
En los programas
Todas las iniciativas aprobadas forman parte de la agenda canaria que la mayor parte de los partidos trasladaron de una u otra manera a sus programas electorales de diciembre y que, sin duda, se mantendrán para el 26-J. También estaban incluidas en plan de negociaciones que estaban llevando a cabo los gobiernos regional y central interrumpido precisamente por el anterior periodo electoral y que ahora se ve abocado a una nueva espera. Financiación autonómica, Plan de Empleo de Canarias, convenio de carreteras, reforma del REF económico, transporte aéreo, pesca, sector industrial, o Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria son algunas de estas materias abordadas por el Congreso y el Senado.
Canarias ha sido, quizá, el territorio sobre el que más asuntos específicos se han aprobado en esta minilegislatura, pero dado que la mayoría requiere de medidas ejecutivas por parte de la Administración del Estado y, en su caso, con repercusión presupuestaria, ninguna de ellas puede hacer efectiva por un gobierno en funciones.
Con todo, la mayoría de los diputados canarios que han participado en esos debates coinciden en considerarlas como de "obligado cumplimiento" por parte del próximo gobierno, incluido el PP pese a que en muchas de ellas se justificaban estas propuestas como respuesta a los cuatros años de las políticas del Gobierno de Rajoy. La iniciativa parlamentaria sobre todas estas propuestas ha sido variada, pues la mayoría de los grupos con representación canaria ha presentado alguna. Con todo, ha sido la tinerfeña Ana Oramas, de CC, la que se lleva la palma pues ha logrado colocar hasta seis proposiciones no de ley para su debate y votación en las comisiones correspondientes.
A ella se debe por ejemplo que se aprobara, con la oposición del PP, la recuperación del PIEC en sus dos ámbitos de aplicación, el de las políticas activas y el de las infraestructuras educativas, ambas eliminadas por el Ejecutivo del PP en el 2012, o la de reclamar una mayor cuota de pesca de atún rojo para la pesca artesanal canaria, aprobada por unanimidad. Oramas también impulsó una proposiciones no de ley para estudiar la viabilidad de establecer una tarifa plana en los vuelos interinsulares de Canarias.
El diputado de NC, Pedro Quevedo, fue por su parte el autor de una propuesta instando al Gobierno a la reforma "urgente" del "injusto" sistema de financiación autonómica, quizá la principal reclamación de Canarias al Estado en los últimos años y asunto clave en las futuras relaciones entre ambas partes. Quevedo también defendió con éxito una PNL para estudiar una mejor ubicación de la Base Naval de la capital grancanaria.
Por parte del PSOE, sus dos principales propuestas sobre Canarias afrontaban dos de los asuntos claves de las relaciones entre la comunidad autónoma y el Gobierno central. El diputado por Las Palmas Sebastián Franquis impulsó una iniciativa, aprobada con la abstención del PP, para que se inicie la redacción de un nuevo convenio de carreteras que incorpore nuevos proyectos viarios, pero recuperando antes la inversión comprometida y no realizada durante los cuatro años de Rajoy, que cifró en más de 600 millones. Por su lado, el tinerfeño Francisco Hernández Spínola, defendió y logró la aprobación de una propuesta reclamando la renovación del REF económico.
Por otra parte, el Congreso aprobó una declaración institucional en apoyo a la candidatura 'Islas Canarias, Olas de Juventud 2019' que tiene como objetivos activar las políticas para este sector de la población mermadas durante la crisis, y propiciar que la juventud de una región ultraperiférica se sienta integrada y se le reconozca como parte importante de Europa. Por otro lado, el Congreso rechazó una propuesta de Meri Pita, diputada de Podemos por Las Palmas, que pedía declarar a Canarias como territorio de neutralidad permanente y zona de paz, en instaba al Gobierno a no establecer en él tropas o bases militares. También de Podemos quedó pendiente de debate una propuesta para revocar definitivamente los permiso de prospecciones a Repsol en aguas canarias.
