Los arquitectos consideran "peligroso" que el anteproyecto de la Ley del Suelo permita el uso residencial en las zonas turísticas. En sus alegaciones a la nueva norma, el Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria (Coagc) advierte que la residencialización supone un freno a la rehabilitación de los establecimientos porque "quienes posean un complejo turístico obsoleto, en lugar de rehabilitarlo, lo dediquen al uso residencial, vendiéndolo a residentes", lo que supone una "vía de escape" para los que no quieren invertir en modernizar las instalaciones turísticas.
Para el colegio de arquitectos, la permisividad de la nueva ley con este asunto tiene más que ver con las "presiones periodísticas" del momento que con el "sentido común". También creen que el Gobierno se ha dejado presionar por los promotores de las casas vacacionales y por las agencias de viajes en línea a la hora de introducir en la norma un aspecto que, en su opinión, está "fuera de toda lógica". También alertan sobre el empeoramiento de la calidad del destino por generarse posibles conflictos al mezclar turistas con residentes y provocar la necesidad de infraestructuras que las urbanizaciones turísticas no poseen como colegios, centros de salud, aparcamientos, etcétera.
El Coagc cree que el texto mantiene las restricciones en el uso de los suelos turísticos ya que impide la posibilidad de que surjan nuevas urbanizaciones turísticas en nuevo suelo urbanizable discontinuo, dándose esa opción sólo al uso industrial. En este sentido, se considera que se conculcan competencias de los cabildos en el planeamiento insular al restringir a las corporaciones la calificación de nuevos suelos para uso turístico.
Las alegaciones de los arquitectos de Gran Canaria al anteproyecto de la Ley del Suelo también cuestionan el papel que deja el texto a las energías renovables. En su opinión, la norma impide la generación de energía limpia en los suelos de protección económica, lo que "dificulta el camino y las posibilidades a la necesaria y urgente implantación de las plantas de generación renovables". Para el colegio de arquitectos lo único que deja claro la norma es el uso del autoconsumo cuando es compatible, por ejemplo, la instalación de aerogeneradores con el uso agrícola, que está permitido en otros países.
Indefinición competencial
El documento presentado por el órgano representativo de los arquitectos grancanarios al Ejecutivo regional demanda a la Comunidad Autónoma que aclare cuáles son sus competencias en el planeamiento municipal e insular, una vez que la Cotmac deja de tener las funciones de supervisión general y control de legalidad. Hay "falta de concreción", por lo que es necesario establecer si el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma es transinsular o suprainsular. Los arquitectos demandan coherencia al Ejecutivo para que lo global no interfiera en lo particular y que cada Administración sepa con claridad cuál es su ámbito de funciones y hasta dónde pueden llegar.
En este sentido, el Coagc también ve un "agravio" que se puedan generar "desigualdades" entre los ayuntamientos porque unos puedan contar con su propio órgano ambiental y otros no al no tener capacidad económica y técnica para ello. Estos municipios tendrían que dejar las evaluación ambiental del planeamiento en manos del cabildo o de la Comunidad Autónoma.
