Victoria Rosell quiere presentarse de nuevo a las elecciones generales como diputada por Las Palmas con Podemos. La magistrada y exparlamentaria, tras las disolución de Las Cortes el pasado martes, ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la excedencia voluntaria para participar en el proceso electoral, cuyo arranque formal está previsto para este 18 de mayo con la apertura del plazo para presentar las candidaturas. La juez no parece haberse amilanado ante la querella del exministro José Manuel Soria, que ha sido admitida a trámite por el Tribunal Supremo (TS) para aclarar si Rosell ha demorado la tramitación de una causa para favorecer las relaciones comerciales de su pareja con un empresario investigado, Miguel Ángel Ramírez, propietario del Grupo Ralons y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas.
Fuentes del CGPJ confirmaron ayer que Rosell, al cesar su situación de servicios especiales, ha pedido formalmente su reingreso a la carrera judicial, pero no para volver al Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canarias, donde tiene su plaza de magistrada reservada, sino para obtener una nueva excedencia y concurrir a las elecciones. Y es que la vez que ha comunicado su incorporación ha reclamado también la excedencia.
Rosell, tras finalizar su mandato como parlamentaria, disponía de diez días para pedir su vuelta a la carrera judicial y de 20 para reincorporarse a su plaza. Esto último, a tenor del escrito dirigido al órgano de gobierno de los jueces, parece que no está dentro de sus planes. Es más. Su colega en la asociación Jueces para la Democracia, Carla Vallejo, se incorporó el martes al Juzgado de Instrucción número 8, tras concursar a la vacante dejada por Rosell en la capital grancanaria y cesar en el Juzgado de Instrucción tres de Telde.
Otro dato que respalda su intención de repetir como diputada es su renuncia a integrar la Diputación Permanente del Congreso, la cual se produjo el miércoles de la semana pasada, días después de que la Sala de lo Penal del TS admitiera la querella de Soria y nombrara como instructor al magistrado conservador Juan Ramón Berdugo. Este desistimiento, tras cesar el martes Rosell como diputada, implica que pierda su aforamiento ante el Supremo y su causa pase al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que es competente para investigarla al estar los hechos denunciados relacionados con su labor jurisdiccional. Rosell desea que el procedimiento se remita lo antes posible al tribunal canario, con la finalidad de solicitar el archivo de las actuaciones y presentarse a las elecciones sin la amenaza de la querella sobre su espalda.
La magistrada, al salirse de la Diputación Permanente, pidió públicamente al Supremo que remita la causa al TSJC con celeridad, y ahora ha cursado una solicitud formal en ese sentido, según reveló ayer la agencia Efe. El Alto Tribunal, antes de pronunciarse, ha pedido la opinión del fiscal, que debe pronunciarse si procede o no trasladar el asunto a la Sala canaria. Las fuentes judiciales consultadas explican que la decisión no está clara, pues el Supremo, en otros casos similares, ha congelado el procedimiento hasta verificar si el parlamentario investigado vuelve o no a concurrir a las elecciones. Si Rosell se presenta como cabeza de lista en Las Palmas y obtiene su escaño, volvería a ser aforado ante el Alto Tribunal. De ahí la consulta al ministerio público, quien, además, ya se opuso a la aceptación de la querella al no apreciar indicios de prevaricación, retardo malicioso en la administración de justicia y cohecho.
Soria denunció a la juez por esos delitos y por injurias y calumnias, pero estos últimos fueron desestimados al considerar el TS que las críticas de Rosell estaban legitimadas por la libertad de expresión (le acusó de usar a la Fiscalía de ir a por ella en campaña electoral). La magistrada a su vez también se querelló contra Soria por injurias y calumnias, pero el Supremo se ha declarado incompetente para investigarlo porque el exministro no es aforado. Salió del Gobierno y renunció a su acta de parlamentario tras ocultar a los ciudadanos los negocios de sus empresas familiares en paraísos fiscales. Poco después de la dimisión, se admitió su querella contra la magistrada.
Rosell aprovechó para recalcar que un "mentiroso" no la iba a arrastrar hasta dejar la política. Luego matizó y dio a entender que la decisión de presentarse a las elecciones le corresponde a ella, no al partido. La formación de Pablo Iglesias, de momento, asegura que cuenta con la juez. Hasta la fecha no la han citado formalmente como imputada, lo cual le permite afrontar los rigores del código ético que Podemos exige a sus candidatos.
