Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma mantienen paralizada la oferta de empleo público de 2015, convocatoria en la que se dispusieron de 141 plazas para la Administración General. Esta situación provoca que no haya fecha aún para las pruebas, un año después de que se aprobara la oferta por el Gobierno regional y saliera publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
El equipo jurídico ha informado desfavorablemente a las bases de la oferta, lo que fue comunicado hace unos días a los representantes de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma. Aunque el informe es preceptivo pero no vinculante, la Dirección General de la Función Pública está elaborando la contestación a las objeciones de los juristas para evitar problemas posteriores que supongan un perjuicio a los opositores y a los que obtengan la plaza.
La Consejería de Presidencia y Justicia tiene "voluntad" de sacar las oposiciones pese a los diferentes escollos que se ha encontrado en el camino y que está provocando una dilatación excesiva de los plazos para la realización de las pruebas. El departamento que dirige Aarón Afonso no ha querido detallar cuáles son los reparos de los servicios jurídicos a las bases de la convocatoria, aunque fuentes del mismo aseguran que "no son observaciones graves" que echen para atrás la convocatoria, sino cuestiones que hay que resolver y puntualizar para evitar mayores problemas.
Uno de los principales problemas con los que se ha encontrado el Ejecutivo es que se trata de la primera oferta de empleo público que se realiza desde 2008 en puestos de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Durante los peores años de la crisis la tasa de reposición estuvo en el 10% para los servicios prioritarios, es decir, educación y sanidad. Durante más de siete años no se han cubiertos las vacantes por jubilaciones o bajas, lo que ha provocado que en los últimos cuatro años se haya reducido la plantilla en más de 1.200 empleados públicos, debido precisamente a las restricciones a la reposición de las plazas vacantes que se han generado en estos años.
Las 141 plazas convocadas hace uno año responden al incremento de la tasa de reposición hasta el 50% autorizada por el Estado y se refieren a las bajas por jubilación o fallecimiento habidas en el último año antes de la convocatoria.
Precisiones
Según las fuentes consultadas, las objeciones de los servicios jurídicos están relacionadas precisamente con el largo periodo en el que no se han convocado oposiciones, por lo que hay bases que hay que actualizar y precisiones que se deben matizar para que no haya posibles anulaciones una vez que se celebren las pruebas selectivas.
Las 141 plazas ofertadas fueron aprobadas por el Decreto 46/2015, que fue publicado en el BOC del 20 de abril del pasado año. Los puestos están adscritos a los cuerpos, escalas y especialidades del personal con funciones de asesoramiento jurídico, gestión de recursos públicos, control y lucha contra el fraude fiscal y laboral y control de la asignación eficiente de los recursos. En el decreto también se incluía la oferta de 154 plazas de promoción interna.
En el texto que se aprobó por el anterior Ejecutivo se establecía que las pruebas no se celebrarían antes del mes de noviembre debido a la necesidad de actualizar los temarios, tras más de siete años sin convocar este tipo de plazas. Los plazos publicados en el decreto se han incumplido hasta el punto de que Función Pública no ha sido capaz de trasladarle a los sindicatos ni siquiera una previsión sobre las fechas y el departamento no ha querido fijar un plazo determinado hasta responder a los reparos de los servicios jurídicos.
