El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado el decreto 122/2013 que modificó de forma conjunta las relaciones de puestos de trabajo de los departamentos y organismos autónomos del Gobierno canario. La repercusión de este fallo judicial afecta a los concursos de traslados realizados en los dos últimos años por los empleados públicos de la Comunidad Autónoma, que pueden quedar anulados, y también puede traer consecuencias a la oferta de empleo público de 2015, tanto a las nuevas plazas como a la promoción interna.
Los sindicatos CC OO y Co.bas presentaron un recurso contencioso administrativo en contra del decreto, publicado en el BOC del 16 de enero de 2014, al considerar que las relaciones de puestos de trabajo de la Administración deben ajustarse al presupuesto disponible, de tal forma que no pueden contener puestos cuya cobertura económica no esté prevista en las cuentas autonómicas.
El TSJC evidencia en el texto del fallo que la Dirección General de Planificación y Presupuesto realizó un informe desfavorable sobre el conte- nido del decreto de la Conse-jería de Presidencia y Justicia, al apreciar un coste de los puestos dotados superior en 9,1 millones de euros respecto al presupuesto consignado en materia de personal en las cuentas de 2014.
El tribunal desestima el informe de la Dirección General de Función Pública porque reconoce las dificultades para calcular el gasto al unificar en un solo procedimiento un asunto tan complejo, mientras que Hacienda alude a la falta de aportación de elementos de juicio suficientes. Ante este desvío presupuestario y por el incumplimiento de la Ley de Función Pública de Canarias, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC anula el decreto y deja en el aire los concursos de traslados realizados por los funcionarios en estos dos últimos años.
Los sindicatos, entre ellos el Sepca, han exigido responsabilidades políticas al Gobierno tras este fallo, sobre todo tras conocerse recientemente la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recorte del 20% de la jornada y sueldo al personal laboral temporal de la Comunidad Autónoma.
